La consejera podrá designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas.
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó vivas las reformas electorales que permiten a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas sin consultar al Consejo General.
Este martes, el pleno no alcanzó la mayoría de ocho votos para invalidar las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en materia de elección judicial, realizadas el año pasado por el Congreso de la Unión.
De esta forma, quedaron firmes las reformas a los artículos 45 y 48 impugnadas por los partidos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional (PRI) por presuntas violaciones al proceso legislativo.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó al pleno del Alto Tribunal el proyecto en el que declaró fundada la acción de inconstitucionalidad de MC y del PRI, al señalar que desde 1993 se decidió que la facultad de los nombramientos de los directores ejecutivos queda bajo la decisión del Consejo General del INE, lo que encuentra su lógica en que en dicho órgano colegiado recae la toma de decisiones fundamentales del Instituto, además de que uno de los motivos principales fue garantizar la imparcialidad y objetiva en el ejercicio de la función electoral".
Pardo Rebolledo afirmó que:
"Si con la reforma impugnada se transfiere la facultad del Consejo General, de designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas a la presidenta del Consejo General, es evidente que esa modificación resulta contraria a lo señalado en el artículo 14 fracción 5, apartado A, segundo párrafo de la Constitución federal", indicó.
Para la ministra Lenia Batres el proyecto presentado por el ministro Pardo confunde la autonomía e independencia del INE, al atribuir las mismas cualidades a cada una de sus unidades ejecutivas y áreas técnicas.
En contraste, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, comentó que las reformas son contradictoras y violatorias del principio de seguridad jurídica.
Al alcanzar sólo seis de los ocho votos para invalidar la norma, la impugnación de Movimiento Ciudadano y el PRI fue desestimada.
Asimismo, el Alto tribunal no logró declarar inconstitucional las modificaciones al artículo 522 relativas al financiamiento de los candidatos.
En este apartado, el ministro Javier Laynez Potisek cuestionó si las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes van a participar en la elección no estaban impedidas para participar en la discusión.
"Es un hecho notorio que entre los miembros de este tribunal pleno hay tres candidatas, dentro del proceso que es vigente en este momento, y este tipo de disposiciones atañe directamente el financiamiento de esas campañas. Yo pregunto si no tendría que haber un impedimento para resolver".
En respuesta, la ministra Loretta Ortiz Ahlf rechazó que estén impedidas para participar en la discusión.
"La participación de cada una de las personas que integramos este tribunal pleno es crucial para la determinación de la constitucionalidad de una norma, de manera que limitar la participación de uno o una de nosotras podría ser definitoria. Estimo que no me encuentro en una posición que comprometa mi imparcialidad".
Ante los señalamientos que hizo Ortiz Ahlf, el ministro Alberto Pérez Dayán refirió que este asunto da cuenta de que los jueces pueden ser imparciales, pese a que una resolución los pueda beneficiar o perjudicar.
"Cuando se cuestiona públicamente si un juez de distrito concede una suspensión y se le dice, falta a la ética porque se está protegiendo a si mismo, nos muestra como los jueces podemos ser lo suficientemente maduros e imparciales para saber que algo que estoy juzgando es inconstitucional a pesar de que a mi me pueda beneficiar o es constitucional, a pesar de que me perjudique".
Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama reiteró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está obstruyendo la elección, lo que generó la molestia de la presidenta de la Corte Norma Piña.
