EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
De los 248 centros penitenciarios del país, 120 padecen sobrepoblación, 43% del total.
La población total de internos asciende a 232 mil 859 y, de éstos, 47 mil 648 sufren hacinamiento, indican estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de marzo de 2024.
Las entidades con mayor sobrepoblación de centros penitenciarios son Estado de México, con 21 mil 598 reos; Sonora, 3 mil 756; Chihuahua, mil 799, y Durango, mil 918.
En marzo de 2024, el órgano administrativo registró una población penitenciaria de 232 mil 859 presos que, comparado con diciembre de 2018 —que fue de 197 mil 988 internos— refleja un aumento de 34 mil 871, es decir 17.6%.
Paola Zavala Saeb, abogada y fundadora de la Organización Comunitaria por La Paz (Ocupa), dedicada a la reinserción social, prevención del delito y la delincuencia, refiere que el aumento de la sobrepoblación se relaciona con el incremento de la prisión preventiva oficiosa.
"Observamos un aumento muy preocupante en la cantidad de personas que entran a la cárcel sin sentencia, sólo acusadas por los delitos que están en el catálogo de prisión preventiva oficiosa… la idea que nos dan es que en los penales están los homicidas y violadores, la verdad es que hay otros delitos que van desde robo, narcomenudeo o patrimonio", considera.
La analista política destaca que alrededor de 95% son hombres y 5% mujeres, generalmente con educación básica y no tienen acceso a una defensa adecuada. Aunado a que no se tiene el número de jueces suficiente para mover los casos, porque no hay abogados metidos todo el tiempo en presionar a las autoridades, entonces las personas pasan años en prisión.
Un ejemplo es el caso de Israel Vallarta, señalado como presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, quien lleva 18 años en prisión sin sentencia, detalla.
Zavala insiste en que el hacinamiento es por el aumento en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, el cual permite que personas vayan a la cárcel sin sentencia, siendo presuntamente inocentes, debido a que la gran mayoría no cuenta con una defensa adecuada: "Socialmente nos hacen creer que en las cárceles están los más malos, en vez de decirnos que ahí están los más pobres. Otra razón son los tiempos que toman la fiscalía y el sistema Judicial en dictar sentencia y acabar un proceso judicial. Los meten a la cárcel para pasar su proceso, pero no se cumple el requisito constitucional de que no pueden pasar más de dos años sin sentencia, muchos tienen en promedio cinco o seis años esperando y los juzgados no se dan abasto", precisa.
Indica que se espera un revés a la prisión preventiva oficiosa y que se pida al Poder Legislativo que como medida cautelar sólo aplique la prisión preventiva justificada.
"¿Qué quiere decir esto?, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda pedirles a las fiscalías que fundamenten por qué la persona tiene que estar en la cárcel (...) En caso de los delitos menores, se acudiría a otra medida cautelar, por ejemplo, brazaletes electrónicos", explica.
En junio, el Máximo Tribunal del país debatirá sobre la prisión preventiva oficiosa y analizará los proyectos de los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez y Margarita Ríos Farjat.
Corina Giacomello, especialista en el sistema penitenciario, comenta que la prisión preventiva oficiosa debería eliminarse porque así lo marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Abunda que quitar la prisión preventiva oficiosa no quiere decir sacar a la calle a las personas, significa aprovechar las otras medidas que prevé el Código de Procedimientos Penales: "Se debe revisar el uso de la prisión en el caso de delitos menores no violentos, aquellos relacionados con robo… Hace unos meses vimos el caso de una mujer en Coahuila, con siete meses de embarazo e hijos, a quien le dictaron prisión preventiva oficiosa por robar unas latas de leche", refiere Giacomello.
Argumenta que, al eliminar la prisión preventiva oficiosa, obliga a las autoridades a elaborar un análisis más a fondo, porque debe estar justificada, permite hacer un estudio más cauteloso y evitar sobrecarga al sistema penitenciario.
Alán García Huitrón, doctorante en Sociología por la UNAM, puntualizó a su vez a este diario que todos los países que establecen más cárceles terminan por aumentar la población de internos.
Datos
47, 648 personas privadas de su libertad sufren hacinamiento en las centros penitenciarios del país.
