La herencia de Winckler

La herencia de Winckler

 

 

 

 

 

FGE, la entidad con más quejas ante CEDH

Entre los más denunciados figuran varios ayuntamientos e incluso la UV.

PERLA SANDOVAL/AVC

XALAPA

El año que terminó la Fiscalía General del Estado (FGE) fue el ente que más violaciones a los derechos humanos cometió, de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aunque no es la única porque “entre los más denunciados” figuran la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) e incluso la Universidad Veracruzana (UV).

Este año, la Comisión recibió mil 388 quejas, y de esa cifra el 82.5 por ciento fueron concentradas por cinco autoridades; la Fiscalía con el 25.3 por ciento; seguida de los Ayuntamientos que acumularon el 21.1 por ciento; el 17.5 por ciento fueron quejas contra otras 29 autoridades; el 15.3 por ciento contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); el 15 por ciento contra la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y el 5.8 por ciento contra el Tribunal Superior de Justicia.

Del total de quejas presentadas solo 73 terminaron en recomendaciones debido a que en el 28.9 por ciento de estas se detectó la incompetencia de la CEDH para analizarla; en el 16.6 por ciento no se acreditó la queja; en el 13.7 por ciento no se ratificó la queja y en el 89.6 por ciento se dio solución durante el trámite. Además, en el 8.5 por ciento de las quejas hubo desistimietno y en el 7.3 por ciento los casos se quedaron sin materia.

En el caso de la FGE, a pesar de ser el organismo encargado de la procuración de justicia, en 2019 acumuló 34 recomendaciones, algunas de estas relacionadas con y no en todos los casos la Fiscalía aceptó haber violentado derechos como en el caso de la reocmendación 38/2019 que no fue aceptada a pesar de que la Comisión determinó que la FGE no actuó con diligencia en la investigación por la desaparición de un hombre ocurrida en 2016 en La Tinaja, municipio de Veracruz.

En esta, la CEDH recomendó agotar las líneas de investigación en este caso e incluso pagar una compensación por daño moral a los familiares de la víctima.

En otros casos incluso la Comisión Estatal determinó que no fue diligente en su trabajo, y como resultado también recibió recomendaciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad Pública, que no fue aceptada como la 38/2019.

En ese caso, la Fiscalía se negó a pagar por el daño material causado a los familiares de una de siete personas desaparecidas y en cuyo caso se demostró la ejecución extrajudicial a manos de elementos policiacos estatales, ocurrida el 30 de noviembre de 2012.

Esto a pesar de que la CEDH corroboró que la Fiscalía no fue diligente en atender este caso ocurrido en Cardel, municipio de La Antigua, y que ello generó un libro cesante y daño emergente a la familia que tuvo que solventar con gastos propios la investigación que derivó en el hallazgo de los restos de su familiar en las fosas clandestinas halladas en Colinas de Santa Fe.

En cuanto al cumplimento de las recomendaciones, el ente que pasó de estar en manos de Jorge Winckler Ortiz a las de Verónica Hernández Giadans, solo presenta en pro medio 25.91 por ciento.

Según el reporte de la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, se dirigieron 73 quejas a 23 autoridades, que además de la Fiscalía incluyen a la Secretaría de Seguridad Pública con 16. En este caso presenta un avance de cumplimento de 32.11 por ciento.

Una de las demencias que más quejas y recomendaciones acumuló fue la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene en su haber 16 recomendaciones, aunque tampoco aceptó todas, como en el caso de la recomendación 44/2019.

En esta se relata que la policía estatal no actuó para proteger la integridad de dos personas, entre ellas un menor de edad, que fueron acosados por integrantes de los 400 Pueblos al realizar un campamento frente a su casa, amedrentarlos e incluso impedirles la entrada, sin que la Secretaría cumpliera con el mandato de brindar seguridad.

Por ello, la CEDH recomendó iniciar un procedimiento administrativo en contra de los elementos policiales involucrados por haber incurrido en las violaciones a los derechos humanos señaladas, así como una compensación a la familia; sin embargo, la SSP no aceptó la recomendación.

Si bien el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado (IPAX) sólo tuvo dos recomendaciones por parte de la Comisión, ninguna de las dos fue aceptada.

Se trata de la recomendación 45/2019, derivada de la queja presentada por una persona que denunció que policías del IPAX dispararon contra migrantes que viajaban en un tren, en el tramo de Córdoba.

Esto le generó lesiones que lo mantuvieron con una salud grave por los hechos ocurridos en marzo de 2018 y por lo cual la Comisión determinó que se debe otorgar una justa compensación por las violaciones a derechos humanos de las que fue víctima.

Y demandó iniciar una Investigación Interna, a efecto de individualizar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos responsables, por las violaciones a derechos humanos cometidas.

Este mismo hecho derivó en la recomendación 56/2019, por el caso de un menor de edad que salió a comprar masa para el desayuno y recibió un balazo cuando caminaba a un lado de las vías del tren en la zona.

La Comisión detalló que el menor fue detenido por elementos del IPAX y llevado a las instalaciones del mando único en donde pasó una hora detenido y sin recibir atención médica, por lo cual ordenó la compensación de la familia del menor; sin embargo, el IPAX se negó a aceptar la recomendación.

Otras dependencias con quejas incluyen a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que este año acumuló cuatro quejas, con un avance de cumplimiento del 34 por ciento; además de la Secretaría de Educación de Veracruz con cuatro quejas, con un avance de cumplimiento en promedio del 15.66 por ciento.

Por cuanto hace a la Secretaría de Salud, la CEDH emitió dos recomendaciones; la 27/2019 con un avance de 17 por ciento en su cumplimiento y la 41/2019 con un porcentaje de cumplimento de apenas un 10 por ciento.

Pero este año tampoco los Ayuntamientos “se salvaron” porque la CEDH emitió 14 recomendaciones contra varios de ellos, como en el caso de Orizaba, Astacinga, Banderilla, entre otros. De manera general, el promedio de avance de cumplimiento es del 30.09 por ciento.

De manera general, los derechos presuntamente violados con mayor incidencia están el derecho a la integridad personal; a la seguridad jurídica, de la víctima o persona ofendida; de las Niñas, Niños y Adolescentes; a la Honra y derecho a la libertad y seguridad personal.

Las quejas más recurrentes se deben a tratos crueles e inhumanos o degradantes, así como la obstaculización u omisión de observar la ley o normatividad aplicable. También un retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa.

A esto se suma la obstaculización, restricción, desconocimiento o injerencias arbitrarias en el interés superior de la niña, el niño y del adolescente; amenazas e intimidación; agresiones simples; negativa de investigar diligentemente; injerencias arbitrarias o ataques a la dignidad y a la honra, así como obstaculización o negativa para la protección de la integridad física o psicológica de la niña, el niño y del adolescente y detención ilegal.

En el caso de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), esta obtuvo cuatro recomendaciones: 03/2019, 04/2019, 08/2019 y la 14/2019. También la Secretaría de Educación de Veracruz obtuvo tres recomendaciones, la 10/2019, la 40/2019 y la 64/2019 aún en proceso de respuesta.

En el caso del Poder Judicial del estado, este tío una recomendación (18/2019) que presenta un avance del 75 por ciento.

En cuanto a la Universidad Veracruzana, este año resultó con dos recomendaciones, una que no aceptó (01/2019) y la 50/2019 que tienen un avance de 21 por ciento. En el caso de la recomendación no aceptada esta se debió al caso de trabajadoras que denunciaron que la institución se negó a afiliar a sus cónyuges al Servicio de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV).

AYUNTAMIENTOS CON MÁS QUEJAS

En el recuento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los Ayuntamientos ocupan el segundo lugar de las autoridades señaladas como presuntas responsables de violaciones a Derechos Humanos, con el 21.1 por ciento de las quejas.

Dentro de esta autoridad, los que registran mayor número de señalamientos se encuentra la Policía Municipal con 111 quejas, le siguen el personal del Ayuntamiento con 54 y la Presidencia Municipal con 49.

De las 111 quejas, sólo 14 derivaron en recomendaciones contra ayuntamientos como Veracruz, Córdoba, Chicontepec, Orizaba, Astacinga, Lerdo de Tejada, Actopan, Tuxpan, Astacinga, Mecayapan y Papantla.

Sin embargo, la emisión de esta quejas no quiere decir que sean aceptadas porque varios ayuntamientos se negaron a reconocer una violación por parte de sus integrantes, como en el caso de Chicontepec, que no aceptó la recomendación 13/2019 en la que se ordenó enlistar a un vecino de una comunidad de Chicontepec en la comunidad sin la exigencia que le hizo el agente municipal del pago de 12 mil pesos, so pena de tomar accione si no se hacía el depósito.

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