27 de Noviembre de 2024
Director Editorial Lic. Rafael Melendez | Director General - Dr. Rubén Pabello Rojas

Castigo para quien omita dar auxilio en actos de abuso y violencia sexual  

  • Propone diputado Enrique Valencia Morales reforma al Código Penal, para sancionar este delito con hasta cuatro años de prisión y multas de 100 veces el salario mínimo

 

Xalapa, Ver.

 


El diputado Ignacio Enrique Valencia Morales, a través de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, propuso de nueve meses a cuatro años de cárcel y multas de hasta 100 días de salario mínimo a quien omita dar aviso a las autoridades sobre algún caso de violencia o abuso sexual, teniendo conocimiento del delito.

 

Durante la Décima Segunda Sesión Ordinaria del segundo año de labores, el legislador propuso la adición de un párrafo al artículo 155 de dicho Código, para indicar que se castigará a quien no reporte un hecho de violencia sexual hacia niñas, niños, adultos y la población en general, del que esté enterado.

 

Desde tribuna, el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas explicó que el abuso sexual contra niños, adolescentes y adultos es más común de lo que se piensa. Estudios revelan que una de cada cuatro niñas, y uno de cada ocho niños serán agredidos sexualmente antes de que cumplan 16 años de edad.

 

El 90 por ciento de las veces, la agresión sexual la cometen familiares directos, y en más de 80 por ciento, una persona conocida. La mayoría de estos casos quedan impunes, porque las personas tienen miedo a denunciar para no externar la situación que vivieron.

 

En Veracruz, dijo el representante del distrito XVIII de Zongolica, las comunidades indígenas representan 11.86 por ciento de los habitantes, en donde además de pobreza, exclusión, marginación social y vulnerabilidad, también la violencia y abuso sexual se vuelven invisibles bajo la sombra de usos y costumbres.

 

 

Por ello, en esta iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, Valencia Morales plantea la necesidad de que el Gobierno haga llegar a zonas indígenas —a través de las dependencias correspondientes— folletos en su lengua materna y en español, donde se informe sobre sus derechos sexuales, para prevenir y evitar más casos de violencia y abuso.


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