Andrés Salomón Pérez
Boca del Río
En donde se vea un fraccionamiento que no cuente con los servicios básicos, no se garantice la movilidad o que esté en zona de riesgo, es indudable que se violó la ley y se debe investigar para fincar responsabilidades, reconoció Arturo Nahle García, subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“Desafortunadamente muchos de estos permisos, muchas de estas licencias se han otorgado a través de medios sumamente cuestionables, donde la corrupción ha sido un factor determinante para esos crecimientos inadmisibles”.
El funcionario de la Sedatu señaló que ello ha llevado a que municipios, no sólo del estado de Veracruz sino de todo el país, crezcan de forma desordenada y acelerada, siendo éste ya un problema durante el desarrollo de cada población.
"Se han autorizado desarrollos, se han autorizado fraccionamientos en lugares donde no se deben autorizar, donde no hay accesibilidad para servicios públicos, donde no hay condiciones de movilidad, o lo que es peor, en lugares considerados como zonas de riesgo".
Nahle García reconoció que ha sido responsabilidad principalmente de las autoridades municipales, ya que el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para expedir licencias de construcción y permisos de fraccionamientos.
"Esto en buena medida, y lo tengo que decir con absoluta franqueza, ha sido responsabilidad de autoridades municipales; el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para expedir permisos de construcción, permisos de fraccionamiento o determinar sus planes de desarrollo urbano".
Asimismo, detalló que la Ley de Asentamientos Humanos no les da las suficientes herramientas para poder impedir el desarrollo de fraccionamientos en lugares donde no se les pueda brindar los servicios básicos.
“Hoy esos asentamientos tienen que autorizarse con mayor rigor, con mayor escrúpulo, con mayor cuidado, hoy ya no podemos, no debemos seguir autorizando ese tipo de fraccionamientos en zonas de riesgo, en zonas que se inundan, en zonas que podrían representar un peligro serio para las familias que ahí viven”.
Finalmente, dijo la Ley de Asentamientos Humanos, la cual data de 1993, debe modificarse, para que la Sedatu pueda vigilar con mayores herramientas los asentamientos poblacionales en todo el territorio nacional.
