Guadalupe López Espinosa
Xalapa
El diputado José Ramón Gutiérrez de Velasco denunció hoy ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), al Ayuntamiento de Boca del Río, por presuntas irregularidades o ilícitos en la gestión financiera del ejercicio 2014, que pueden ser constitutivos de delito.
El legislador entregó su denuncia por escrito en las oficinas del Orfis, cuyo titular es Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, la mañana de ayer miércoles, y en entrevista recordó que el Ayuntamiento de Boca del Río efectuó, entre el 1 y 6 de enero de 2014, una licitación simplificada en lugar de pública, mediante la cual otorgó una concesión a una empresa, cuyo objeto social es administración de personal, pero que “de repente devolvió una empresa profesional con experiencia en el manejo de la basura”.
A dicha empresa, dijo, el Ayuntamiento boqueño le paga más de dos millones de pesos mensuales por la recolección de basura.
Agregó que con base en esa licitación se dio la concesión “de manera ilegal” a una empresa que está radicada en Guadalajara, cuyo objeto social es administración de personal y que es un empresa “ficticia”, o asociada para hacer este negocio, y no descartó que dicha empresa sea “de la familia Yunes, aunque aparecen unos nombres que nadie conoce y la empresa no aparece ni en Internet”.
Por ello, —apuntó—, llevó las pruebas al Orfis, ya que se ha presentado la Cuenta Pública de 2014, para que pueda revisar con estos elementos que presentó y fincar responsabilidades a quién o quiénes incurran en estas irregularidades.
Mencionó que “es evidente que esta empresa se creó para hacer un negocio familiar” y agregó que el Ayuntamiento de Boca del Río es un ejemplo de corrupción.
Gutiérrez de Velasco dijo esperar que el Orfis proceda a realizar la investigación que en derecho procede, y que su resultado se dé a conocer a toda la sociedad, ya que tiene derecho a saberlo, y que de existir malos manejos en perjuicio del erario público, se proceda con todo el rigor de la ley.
El legislador plantea en su denuncia que el Ayuntamiento violó la ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, puesto que el ente fiscalizable llevó a cabo una licitación simplificada en lugar de hacerla pública nacional o internacional, lo que implica un contrato por un monto de 14 millones 482 mil 758.62 pesos, sin incluir el IVA, y la contratación en arrendamiento de 14 camiones compactadores para la recolección de desechos sólidos domésticos y comerciales.
