- La Comisión de Agua del Estado de Veracruz, como organismo autónomo, resulta viable para la prestación del servicio, dice el legislador
Xalapa, Ver.
El diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, mediante un anteproyecto de punto de acuerdo, solicitó que los ayuntamientos o el Gobierno del Estado administren el servicio de agua potable en Veracruz y Medellín, así como la revocación de la concesión del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) a la empresa Odebrecht, dado que todavía hay tiempo para ello.
Desde tribuna, durante la Novena Sesión Ordinaria del segundo año de Ejercicio Constitucional, el legislador recordó que los ayuntamientos de Medellín y Veracruz, a través del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, están autorizados para realizar el procedimiento de licitación pública para la selección de un socio inversionista operador de reconocido prestigio y solvencia.
Además, debe contar con la experiencia y los recursos económicos suficientes para la realización de un programa de inversión a largo plazo, y formar parte en la conformación de una empresa mixta de participación público-privada bajo la modalidad de sociedad anónima promotora de inversión.
Pidió a los ayuntamientos de Veracruz y Medellín que, mediante el trámite legal que corresponda y por conducto del Órgano de Gobierno del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, revoquen, cancelen y/o suspenda la licitación pública internacional para la selección de un socio inversionista-operador de reconocido prestigio y solvencia para la administración y suministro del agua potable en la zona conurbada.
Advirtió que la empresa Odebrecht no goza de prestigio ni garantiza seguridad para prestar el servicio de agua potable a la población y que la empresa Aguas de Barcelona enfrenta diversas acusaciones por el constante deterioro de la calidad del servicio, la continua elevación de las facturas, la desidia en el mantenimiento de las instalaciones, el aumento de los costes de conexión y el incumplimiento de sus compromisos de ampliación del servicio.
En Coahuila –ejemplificó–, su filial Aguas de Saltillo enfrenta denuncias por administración fraudulenta, tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y en Bolivia ha iniciado un proceso para que su filial Aguas de Illimani deje de administrar el servicio de agua potable en La Paz.
Pola Estrada insistió en que el estado puede realizar la prestación del servicio, lo mismo el propio SAS, cuyos ingresos rebasan los 900 millones de pesos al año; no obstante, que el argumento para permitir la inversión pública-privada fue el déficit financiero de este organismo.
Añadió que, dado que el Gobierno estatal cuenta con la solvencia económica, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), como organismo autónomo, resulta viable para la prestación del servicio.
