La iniciativa del diputado Heber Alan Carballo para modificar la Ley de Salud de Veracruz permitiría mejorar la calidad de vida de los pacientes que esperan ser trasplantados
Xalapa, Ver.
Incentivar el fortalecimiento de la cultura de donación de órganos, aumentar las atribuciones de las instancias de salud encargadas de trasplantes y mejorar la regulación relativa al consentimiento del donante, son algunos de los beneficios que traería la aprobación de la iniciativa del diputado local Heber Alan Carballo Salazar, con la que busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud de la entidad.
Sobre la propuesta –que presentó ante el Pleno este miércoles 17 de junio–, explicó que Veracruz carece de una legislación que regule la donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células. Ello provoca incertidumbre y dudas acerca de las etapas del proceso, a lo que se suma un bajo índice de donantes por falta de información y elementos legales que les garanticen el carácter altruista y transparencia del proceso.
Carballo Salazar recordó que Veracruz cuenta con un Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos, pero se deben establecer las normas que regulen todo el proceso de donación, para evitar el tráfico ilegal de órganos.
Por ello, se estipula que deberá existir un documento que avale la voluntad del donante y que las autoridades deben descartar que los signos de muerte sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes o sustancias neurotrópicas.
De acuerdo con la iniciativa, se consideraría de interés público promover la cultura de la donación de órganos, y para ello la Secretaría de Salud del estado (SS), en colaboración con el Consejo Estatal de Trasplantes, pediría a las autoridades competentes realizar actividades educativas, de investigación y difusión.
Explicó que la disposición de órganos que haga el donante podrá ser total o parcial –con consentimiento por escrito–, y se modificaría sin que ello implique responsabilidad alguna. Los trasplantes se harían sin fines de lucro, bajo el principio de altruismo, y se prohibiría el comercio de órganos, cuya obtención y uso serían a título gratuito.
Los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transporte y suministro de órganos –continuó Carballo Salazar– no se considerarían actos de comercio, y para la selección y recepción del donante se aplicaría lo estipulado por la Ley General de Salud.
En caso de muerte de un menor, sólo se podrían tomar los órganos o tejidos con el consentimiento expreso de sus representantes legales, y los coordinadores hospitalarios brindarían información completa, veraz y precisa a los familiares sobre el proceso de extracción.
De acuerdo con el diputado local, todas estas modificaciones buscan coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de quienes esperan un trasplante de órgano, y se daría certeza jurídica al proceso.
