Mario Marín, acusado de tortura a la periodista Lydia Cacho, seguirá el proceso judicial desde su casa de Puebla, vigilado por un brazalete electrónico, tras más de tres años en la prisión de alta seguridad.
AGENCIAS
CDMX
El exgobernador Mario Marín ha salido este miércoles de la cárcel del Altiplano. En un operativo de madrugada, la Guardia Nacional ha llevado al mandatario a su casa de Puebla, desde donde seguirá el proceso judicial de tortura a la periodista Lydia Cacho. Tras tres años y medio en la prisión de alta seguridad, una jueza de Quintana Roo le concedió a Marín un amparo para cambiar su medida cautelar por prisión domiciliaria. Tanto Cacho como organizaciones como Artículo 19 han alertado del posible riesgo de fuga del exgobernador.
Marín ha llegado a su vivienda en la colonia Xilotzingo, de la ciudad de Puebla, dentro de una ambulancia de la Guardia Nacional, que ha hecho el trayecto escoltada por otros tres vehículos militares. El exgobernador priista llevará las 24 horas un brazalete electrónico, no puede salir del Estado de Puebla, ni del país, se le ha retirado el pasaporte y va a tener que firmar periódicamente en el juzgado. Tampoco puede acercarse a Lydia Cacho y ha pagado una fianza de 100.000 pesos.
La abogada de la periodista, Eva Lozada Carmona, ha explicado que este cambio de medida cautelar “no es una exoneración total” sino que “se está aplicando en su beneficio el criterio de la Corte Interamericana de que una persona no puede estar en prisión preventiva por más de dos años”. Sin embargo, Lydia Cacho ha hecho responsable a la jueza Angélica Ortuño Suárez “de cualquier cosa que pueda sucederle” a su equipo legal o a ella misma: “Es un preso peligroso para mí, para mis testigos y mi familia”.
La decisión judicial de sacar a Marín de la cárcel también ha sido muy criticada por Andrés Manuel López Obrador. El presidente ha mostrado una imagen del exgobernador en la ambulancia dejando al prisión este miércoles, en su conferencia matutina: “Así es la ley, ni modo tenemos que cumplirla. Pero tienen que haber dos o tres patrullas de la Guardia Nacional en custodia, tanta necesidad de la Guardia Nacional de estar cuidando la seguridad de la gente, y él va a estar en su casa”. “Esto es por lo que queremos reformar el poder judicial”, ha aprovechado a decir el mandatario.
La casa de Mario Marín en Residencial San Ángel, en la ciudad de Puebla, donde estará bajo arraigo domiciliario, este 13 de agosto. Mireya Novo (Cuartoscuro)
El político está acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005, cuando gobernaba en Puebla (2005-2011). Cacho había denunciado en su libro Los demonios del edén una red de explotación sexual infantil en la que mencionaba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables. La filtración de una conversación entre Nacif y Marín reveló que el gobernador se comprometía a darle un escarmiento a la periodista por haberlos revelado y, al mismo tiempo, le prometía impunidad.
La periodista fue arrestada por la Fiscalía de Puebla acusada de difamación, en una acción ordenada por Marín. Fue trasladada desde Quintana Roo hasta Puebla en un trayecto por carretera de 20 horas, en el que fue torturada y amenazada de muerte por los agentes judiciales. La justicia también emprendió la búsqueda de quienes participaron en la detención de Cacho, incluido el exjefe de Policía Judicial de Puebla Adolfo Karam.
Tras conocerse el caso Lydia Cacho, el exgobernador permaneció impune por más de una década y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó comenzar un juicio en su contra mientras seguía al frente del Gobierno de Puebla. En 2019, Naciones Unidas exigió al Gobierno mexicano comenzar los proceso judiciales contra los responsables de las torturas hacia Cacho. Marín fue detenido en 2021 en Acapulco (Guerrero) por la Fiscalía General de la República.
Organizaciones exigen revisar decisiones judiciales a favor de Marín
Una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas y que trabajan por la protección de víctimas de violencia sexual y trata de personas, se pronunció en contra de la excarcelación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín y del ex director de la policía judicial de aquella entidad, Adolfo Karam, como probables implicados en la tortura que sufrió la periodista mexicana, Lydia Cacho Ribeiro, en diciembre de 2005.
La postura incluye al empresario textilero, Kamel Nacif, quien se encuentra en libertad al haber logrado ampararse, años atrás, en contra de la orden de aprehensión que, por ese mismo delito, le giró una jueza el 11 de abril de 2019, lo que lo mantuvo años fuera de México.
Estas "recientes decisiones judiciales", señalaron organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia México (REDIM), la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar-Centro de Análisis e Investigación, entre otras, "favorecen a los responsables de delitos graves como la explotación sexual infantil y la tortura".
El trío de casos, calificados como emblemáticos por las organizaciones firmantes, "evidencian un preocupante patrón de complicidad que revictimiza a las víctimas y perpetúa la impunidad", se lee en el texto, que sigue circulando para la adhesión de más firmas.
"Exigimos al Poder Judicial que actúe con responsabilidad y compromiso para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
"Es imperativo que el Consejo de la Judicatura revise inmediatamente este sospechoso patrón de liberaciones, asegurándose que las y los jueces implicados no sean objeto de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de la niñez", demandaron.
En el escrito se indica que la "liberación" de Marín Torres, de Adolfo Karam y el amparo a Kamel Nacif, "involucrados en redes de macro criminalidad", no solo contraviene el interés superior de la niñez, sino también socava la confianza en el sistema judicial que "es complaciente con las argucias jurídicas".
Se explica que la violencia sexual infantil es una de las formas más severas de violencia, que trae consigo consecuencias devastadoras para las víctimas y sus comunidades.
Sentencias favorecen a perpetradores de violencia, acusan organizaciones
"La falta de acción efectiva y la tendencia de las autoridades a individualizar las acciones delictivas han llevado a sentencias que favorecen a los perpetradores, ignorando el contexto más amplio como redes de macro criminalidad con poder político y económico.
"Los derechos de las víctimas infantiles están siendo sistemáticamente violados, además que la impunidad desalienta la denuncia. Las decisiones judiciales que minimizan la gravedad de estos delitos y que no consideran el poder real de la red de complicidad entre acusados, envían un mensaje alarmante: Que los poderosos pueden evadir la justicia", ahondaron.
A principios de 2006, periodistas como Carmen Aristegui y Blanche Petrich, dieron a conocer audios en donde se escuchaba la conversación en la que Kamel Nacif le agradecía a su "góber precioso", a su "héroe" –como le llamó a Mario Marín– el haber dado "un pinche coscorrón" a Cacho Ribeiro, arrestada el 16 de diciembre de 2005, en Cancún.
La periodista reveló en su libro "Los Demonios del Edén", la existencia de toda una red de trata, en su modalidad de pornografía infantil liderada por Jean Succar Kuri –fallecido el pasado 14 de junio en un hospital de esta ciudad– e integrada por políticos, funcionarios y empresarios de alto nivel, que incluían a Nacif, el llamado "Rey de la Mezclilla", quien la demandó por difamación y calumnias.
Fruto de esa demanda, pero haciendo uso del evidente tráfico de influencias que desvelaba esa conversación telefónica, Cacho fue detenida al llegar a las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM-Cancún), por judiciales de Puebla y Quintana Roo, que la llevaron vía terrestre hasta aquella entidad, trayecto en donde cometieron tortura en su agravio.
