Pone en jaque las investigaciones de la Fiscalía por los desfalcos millonarios en la era de Murillo Karam como procurador.
AGENCIAS
CDMX
La Fiscalía de Alejandro Gertz pierde en los tribunales un caso por la compra irregular de siete drones en 2013, un golpe que puede afectar a otros expedientes que involucran a una docena de colaboradores del exprocurador
La Fiscalía General de la República (FGR) se ha llevado un varapalo judicial que pone en riesgo un cúmulo de investigaciones internas que se iniciaron en este sexenio para documentar desvíos millonarios ocurridos en la gestión del exprocurador Jesús Murillo Karam entre 2012 y 2015, durante la Administración de Enrique Peña Nieto (PRI). La jueza federal Alejandra Domínguez Santos ha absuelto, en uno de los asuntos, al general José Antonio Ramos Arévalo, exdirector general de Servicios Aéreos de la antigua Procuraduría General, a quien la Fiscalía de Asuntos Internos acusaba de la compra injustificada de drones militares por un monto de más de 600 millones de pesos. Aunque la FGR ha impugnado la resolución absolutoria ante un tribunal colegiado, el criterio de la jueza puede prevalecer en el resto de los expedientes en los que ella misma será la encargada de dictar una sentencia.
La resolución de Domínguez Santos podría incluso favorecer en un futuro a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría y quien se encuentra prófugo en Israel. Existen al menos tres órdenes de aprehensión vigentes contra el exfuncionario. Una es por los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa —mismos delitos por los que el exprocurador Murillo Karam ha sido capturado y enviado a prisión domiciliaria. Las otras dos órdenes de aprehensión contra Zerón están relacionadas, precisamente, con los expedientes sobre actos de corrupción documentados por la Fiscalía de Asuntos Internos, en los que se señala al exdirectivo como responsable de un desvío de más de mil millones de pesos mediante contrataciones fraudulentas. La jueza Domínguez ha convocado esta semana a audiencia para emitir una resolución sobre los asuntos que involucran a Zerón.
EL PAÍS ya había dado a conocer que la FGR ha integrado nueve carpetas de investigación contra los antiguos colaboradores de Murillo Karam por malos manejos de recursos públicos que ocasionaron un daño a las finanzas públicas por 3.290 millones de pesos (187 millones de dólares). El exprocurador no ha sido acusado en estos expedientes directamente, pero sí algunos de sus más leales funcionarios, empezando por Aracely Gómez Molano, que fue su Oficial Mayor (tesorera) en la Procuraduría y autorizó varias de las salidas de dinero que hoy indaga la Fiscalía de Asuntos Internos, desde adquisiciones de equipos de espionaje y aeronaves de lujo hasta supuestas compras de bienes de los que no hay rastro alguno. Los expedientes señalan que los pagos se hicieron con cargo a la opaca partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Idealmente, dicha partida debe usarse para solventar gastos relacionados con operaciones encubiertas; con el argumento de salvaguardar la seguridad de los agentes y la confidencialidad de las investigaciones, los controles para la salida de esos recursos son laxos y difícilmente dejan trazos. Por ello la predilección por usar esa partida como caja chica de desvíos.
El perdón a Ramos Arévalo
El general Ramos Arévalo, un piloto aviador de 77 años formado en el Ejército, llegó a la antigua Procuraduría de la mano de Murillo Karam. La Fiscalía de Asuntos Internos lo acusó de uso indebido de facultades, falsificación de documentos y fraude, por la compra irregular, en 2013, de siete drones mediante dos contratos que sumaban 41,4 millones de dólares (608 millones de pesos). Los aparatos fueron comprados por adjudicación directa —es decir, sin licitación— a la empresa Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., que formaba parte del consorcio que un año después vendió a la misma Procuraduría el malware espía Pegasus. Cuatro de los drones son fabricados por la compañía israelí Aeronautics Defense Systems Ltd. y los otros tres por la estadounidense Lockheed Martin. Los fiscales sostienen que Ramos Arévalo efectuó la compra sin contar con la autorización de la Oficialía Mayor de la Procuraduría; que falsificó documentos para beneficiar expresamente a Balam Seguridad, y que los aparatos no eran necesarios ni urgentes, de modo que se trató de una adquisición injustificada.
Domínguez Santos, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, absolvió a Ramos Arévalo el pasado 15 de julio. Este periódico ha accedido a los detalles de la audiencia y los alcances de la resolución absolutoria. La juzgadora determinó que la compra fue justificada porque el exfuncionario intentaba mantener actualizada la flota aérea de la Dirección General de Servicios Aéreos y atender la demanda de diversas unidades de la Procuraduría y de otras instituciones de seguridad. No obstante, los fiscales internos hicieron notar que, conforme a sus indagatorias, ningún área administrativa de la PGR requirió la compra de los drones, y que, incluso, hasta fechas recientes, se ignoraba la existencia de los aparatos en el inventario de la institución. Una fuente de la Fiscalía ha afirmado que se intentó utilizar algunos de los drones en las nuevas labores de búsqueda de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa emprendidas por la Administración de Andrés Manuel López Obrador, pero, ha precisado el informante, los aparatos ya estaban tecnológicamente rebasados.
Uno de los criterios para adquirir bienes con cargo a la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional es que exista urgencia, riesgo y necesidad de confidencialidad, de tal modo que se deban pasar por alto los requisitos convencionales de contratación que deben observar las dependencias para garantizar al Estado las mejores condiciones del mercado en cuanto a precio y calidad. Los fiscales de la FGR refirieron en el juicio que, al momento de la compra, no había en curso alguna investigación sensible o actividad confidencial de riesgo que requiriese de la adquisición de los drones. Ramos Arévalo tampoco demostró que la compra haya sido urgente, pues los contratos otorgados a Balam Seguridad establecieron un plazo de un año para la entrega de los aparatos, lo que demostraba la falta de urgencia.
La compañía demoró más tiempo en entregar los drones, lo que ameritaba la imposición de una multa a favor de la Procuraduría. No obstante, la defensa de Balam Seguridad presentó en la audiencia la copia de un convenio modificatorio que justificaba la demora. Los fiscales alegaron que el documento carecía de credibilidad por tratarse de una copia (el original no existe en los archivos de la institución), y sugirieron que podría haber sido manufacturado ex profeso, con el consentimiento de Ramos Arévalo, para librar a la empresa del pago de las multas. La jueza, sin embargo, validó la copia del convenio y estableció que los drones son bienes considerados de seguridad nacional y podían adquirirse mediante la opaca partida tan recurrida en la gestión de Murillo Karam.
En total, 12 colaboradores del exprocurador han sido denunciados por la Fiscalía de Asuntos Internos, que a la llegada de Alejandro Gertz como cabeza de la FGR emprendió una dura estrategia para intentar recuperar los recursos mal ejercidos. La partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional fue usada con tal discrecionalidad durante el sexenio de Peña Nieto que otra de las investigaciones en curso está relacionada con salidas de dinero en efectivo por 620 millones de pesos, según reveló este periódico. Supuestamente, el dinero iba a ser utilizado para pagar viáticos de testigos protegidos y agentes encubiertos como parte de la Operación Escudo, un sigiloso programa de combate al crimen organizado, pero los fiscales no han hallado indicios de que las salidas millonarias estuviesen relacionadas con alguna investigación criminal. Las ambiciones de la mancuerna López Obrador-Gertz podrían verse truncadas en los tribunales, en un momento de alta confrontación política entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que busca, este último, una profunda reforma al sistema de impartición de justicia.
