EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
Después de más de tres horas de discusión, los diputados integrantes de las comisiones Unidas de Vivienda y Trabajo aprobaron, por 46 votos a favor y 10 en contra, el dictamen que reforma la Ley del Infonavit, con modificaciones a la minuta enviada por el Senado de la República. Y se prevé que sea discutida por el pleno el 1 de febrero, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
Los legisladores de las bancadas del PRI y PAN se manifestaron en contra de la reforma porque prevén que el gobierno federal hará un uso discrecional de los recursos del Infonavit, se transfieren obligaciones a los estados y éstos no tiene capacidad presupuestal para cumplirlos, y no se aplican sanciones en caso de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encuentre irregularidades.
En el dictamen aprobado quitaron la preponderancia del gobierno federal en la Comisión de Vigilancia y los comités de Auditoría y Transparencia, que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum en su iniciativa, y aprobó el Senado en diciembre de 2024.
Establece que la Comisión de Vigilancia se integrará por nueve personas, es decir, tres por cada uno de los sectores; ya que la minuta del Senado establecía que se integraría por cinco representantes del gobierno federal y cuatro de los trabajadores y el sector empresarial, dos de cada uno.
También avalaron que el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia se integrarán por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno Federal; mientras que la presidenta Sheinbaum propuso que fueran cinco integrantes en cada comité, pero que seis de ellos representaran al gobierno federal.
Entre las modificaciones también añadieron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá validar sobre el régimen del fondo de inversión que administra el Infonavit, y que se compone con el ahorro de los trabajadores que no se destine al otorgamiento de créditos, inversión en construcción o presupuestos de operación.
En cuanto a la fiscalización, estará a cargo de la ASF revisar el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria. Y especifica que las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores son inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna.
El diputado Erubiel Lorenzo (PRI) refirió que a pesar de que la ASF fiscalizará los recursos del Infonavit, no podrá sancionar a los responsables, ya que se utilizará la normativa interna del Instituto.
"Tampoco habrá auditoría… el artículo 22, el 42 y el 44 nos habla de la fiscalización no la normativa para que la Auditoría Superior de la Federación pueda sancionar a un funcionario corrupto, no puede, porque serán sancionados bajo el mecanismo de la normativa interna del Infonavit, es decir, se quieren robar todo a cuestas de las y los trabajadores", afirmó.
Añadió que ninguno de los estados tiene capacidad financiera para invertir en la construcción de viviendas. "Las 32 entidades federativas, los 2 mil 475 municipios tienen mala oportunidad para invertir en terrenos, no tienen recursos los municipios. No hay forma y les tiran la bolita. No tienen forma económica que los estados y los municipios, eso es una falacia".
La diputada Laura Ivonne Ruíz (PRI) dijo que la reforma plantea cambios que ponen en peligro su operatividad, y "está plagada de medidas que centralizan el poder, eliminan la transparencia y en última instancia convierten al Infonavit en una herramienta discrecional del gobierno".
"Algunos puntos alarmantes son la opacidad y corrupción, la creación de una empresa filial sin controles, ni auditorías vulnerables, en la rendición de las cuentas y abre la puerta al mal uso de los recursos. Estamos hablando de 2.4 billones de pesos, el esfuerzo acumulado de generaciones de trabajadoras y trabajadoras de México", expresó.
El diputado Guillermo Anaya (PAN) señaló que la reforma no garantiza los ahorros de los trabajadores, en caso de que haya una pérdida, a través de la empresa filial que se creará.
"No estamos de acuerdo en la empresa filial, lo que no estamos de acuerdo en que ese fondo que se crea para que los recursos de los trabajadores se vayan a ese fondo, y se puedan perder estos recursos de los ahorros de los trabajadores, y que no hay ni una garantía en ninguna parte de la ley si se pierde ese fondo", dijo.
La diputada Patricia Mercado (MC) dijo que a pesar de que su grupo parlamentario voto a favor del dictamen, presentarán reservas cuando se discuta ante el pleno, porque aún tiene deficiencias.
"Necesitamos reformar, por ejemplo, solamente el 34% de todos los créditos son para mujeres, porque muchas veces no alcanzan el puntaje, entonces hay que revisar el puntaje para que finalmente los créditos se den sin discriminación y tomando en cuenta las condiciones de cada quien; una de nuestras reservas es que la empresa también tome decisiones de manera tripartita, eso no está, vamos también a plantearlo", explicó.
