Juan David Castilla
Pobladores y ambientalistas, que defienden el territorio totonaca en Papantla, al norte de Veracruz, del fracking, exigieron al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz que emita una sentencia al amparo promovido en 2023 para que se frene dicha actividad devastadora en la entidad.
A casi un año de que habitantes de 14 comunidades totonacas interpusieran la demanda de amparo en contra del uso del fracturamiento hidráulico como método de extracción de hidrocarburos en su territorio, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la autoridad judicial para que ordene las pruebas científicas necesarias para emitir una sentencia que profundice en las problemáticas asociadas a dicha actividad.
En la demanda de amparo, presentada el 22 de marzo del 2023, en el Día Mundial del Agua, las y los habitantes reclaman que el fracking afecta gravemente su patrimonio biocultural y viola sus derechos humanos, particularmente el acceso a la información ambiental, a la participación, al agua y a un ambiente sano.
En por lo menos mil 231 pozos petroleros y el 56.8 por ciento del total de pozos del municipio de Papantla se ha usado fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos altamente nociva para el medio ambiente y la salud humana, sin proporcionar información adecuada ni consultar a las y los habitantes.
Por la importancia nacional e internacional de este caso, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó el pasado 29 de enero un escrito legal (amicus curiae) que proporciona al juez información técnica y científica relacionada con los efectos que el fracking tiene en las personas, las comunidades, el clima y los ecosistemas.
En el escrito se resaltan también diversos estándares internacionales vigentes en la materia y ejemplos de cómo se han resuelto casos similares en otras partes del mundo.
Expertas y expertos internacionales explican los riesgos que implica el uso del fracking por la contaminación del agua, el aire, los suelos y los alimentos con afectaciones a seres vivos.
El fracking es un método de extracción no convencional de gas fósil y petróleo, en el cual se perfora el subsuelo a grandes profundidades y se inyectan a alta presión elevados volúmenes de agua combinada con químicos.
Según datos científicos, la cantidad aproximada de agua utilizada por pozo varía entre 9 y 29 millones de litros. También genera altas emisiones de gases que afectan la calidad del aire y agravan la crisis climática, de los cuales preocupa particularmente el metano por ser uno de las causas principales del calentamiento global.
En el caso del municipio de Papantla, existe una situación inaceptable de incertidumbre e inconsistencias en la información disponible en torno al uso del fracking, específicamente respecto de las sustancias utilizadas para la fracturación de rocas, los lugares en donde se realiza y los impactos que produce.
Esto representa una violación sistemática a los derechos de acceso a la información de las personas que viven en los entornos adyacentes a los pozos, particularmente el pueblo totonaco.
Como señala el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el acceso a la información y la participación en asuntos ambientales son partes esenciales del derecho a un medio ambiente sano, por lo que la violación a los primeros implica una violación al último.
Para las comunidades totonacas, el fracking genera daños graves e irreversibles a la salud, el agua, los ecosistemas y el territorio ancestral. Hasta la fecha, las y los habitantes del municipio no conocen a fondo los efectos que esta actividad está y seguirá causando en sus cuerpos y en su territorio.
Por ello, las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos este boletín hacemos un llamado respetuoso al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz para que ordene el desahogo de todas las pruebas que estime necesarias para conocer a fondo la problemática ambiental y de derechos humanos asociada al uso del fracking en Papantla y así pueda emitir una sentencia que proteja a las personas y al ambiente.
Los asociaciones civiles que se han pronunciado al respecto son: Territorios Diveros para la Vida, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, (CEMDA) y la Alianza Mexicana contra el Fracking, por mencionar algunas.
