* De nueva cuenta, resistencia de particulares, la causa de que no se llevara a cabo el lanzamiento
Jorge Parra
Un intento fallido más fue el que se suscitó ayer luego de que por quinta ocasión, se pretendiera desalojar a los invasores de la comunidad San José La Palma tras un largo litigio que data de varias décadas y luego de haberse agotado diversas fases procesales es la quinta vez que falla el desalojo.
Al igual que el pasado 28 de mayo, en esta ocasión el desalojo no se pudo llevar a cabo por “resistencia de particulares”, ya que cuando apenas se dirigían las patrullas provenientes de todas partes del estado para ejecutar el lanzamiento, en la desviación de la congregación Santa Cruz sobre la carretera estatal Misantla-Martínez de la Torre, lugar hacia donde se desvía la carretera para llegar al predio San José -La Palma; la caravana de más de 30 patrullas que partió cerca de las siete de la mañana de las instalaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia hacia La Palma se detuvo, ya que en el sitio estaba atravesado un camión tipo Torton que impedía el flujo vehicular provocando por lo menos del lado hacia Misantla una fila de automóviles hasta el puente del río Chapa Chapa.
Debido a que el paso estaba cerrado, las patrullas se estacionaron frente al camión que bloqueaba el acceso, se trataba de cientos de personas, una cifra incalculable de vecinos de La Palma y otras comunidades cercanas más que desde atrás del tracto camión gritaban toda clase de sentencias en contra del actor de la demanda que pretende desalojarlos.
A diferencia de la ocasión pasada, esta vez la primera fila de defensa de quienes impidieron el mandato de ley de desalojar La Palma no eran niños y mujeres, ahora eran hombres, algunos montados a caballo, con palos y machete en mano, líderes locales que han comenzado a involucrarse en el asunto, todos increpando a los uniformados que estaban en formación frente al espectáculo de gritos y groserías, cólera desatada de aquellos que impidieron el desalojo.
En total se presentaron 250 elementos de la Policía Estatal que de igual forma, a diferencia de la ocasión pasada venían más preparados, con equipo antimotines, gas lacrimógeno, y listos para la acción.
Sin embargo, el escenario aún sin comenzar el desalojo era de violencia, por un lado cientos de vecinos dispuestos a resistir el desalojo y por el otro cientos de policías dispuestos a entrar con tan solo recibir la orden. Era tanta la tensión que los actuarios designados por el juzgado segundo de Primera Instancia prefirieron consultarlo con los abogados de la parte actora, y con el enlace de Seguridad Pública que venía a cargo del convoy de uniformados. En un acto de mesura y prefiriendo evitar un estallido de violencia y pese a que el derecho le asiste a los dueños del predio decidieron darse la vuelta y retirarse tomando datos de quienes estaban al frente impidiendo el desalojo y de nueva cuenta cometiendo el delito de “resistencia de particulares”.
De esta forma, una ocasión más fue interrumpido el lanzamiento, un hecho que de no ser tomado en manos de las autoridades gubernamentales podría seguir su curso procesal legal y llegar a una situación inimaginable de violencia.
