JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA
Organizaciones ambientalistas señalaron que la proyección a corto plazo es que las violaciones de derechos humanos continúen en un contexto de explotación petrolera en la región del Totonacapan, al norte del estado de Veracruz, agudizando la crisis hídrica en la zona.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) indica que se han agudizado los problemas hídricos que provoca el fracking en la zona.
“Es patente la falta de disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad del servicio de agua, donde la falta del servicio persiste todo el año, agravándose en la época de sequía”.
Se detalla que en el caso de los habitantes que están sin agua debido a utilización del fracturamiento hidráulico en Papantla, también se alteran las dinámicas comunitarias y la vida cotidiana de la gente por la carencia del líquido, afectando la alimentación, la salud y la producción agrícola, entre otras cuestiones.
“Las personas ejidatarias en cuyas tierras ocurren derrames de hidrocarburos, tienen que reconfigurar el uso del espacio, ya que no pueden seguir con sus cultivos, la producción de vainilla se acaba y la de cítricos corren el riesgo de contaminarse”.
Además, el cambio en el clima produce alteración en las formas ancestrales de producción de alimentos y modifica las actividades económicas de los pueblos empujándoles a buscar otras fuentes laborales, que, en el caso concreto, suelen reducirse a acudir a Pemex.
“Es indudable que existen impactos sociales y ambientales que afectan a las y los habitantes por igual. Esta clase de impactos se relacionan con una estructura estatal que se rehúsa a reconocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades de acuerdo a los estándares del bloque constitucional que él mismo ha reconocido y del que supuestamente se ha apropiado”.
Se habla de la contaminación de arroyos y fuentes de agua, la generación de gases que aumentan la vulnerabilidad climática y, las afectaciones al agro y biodiversidad.
“Es la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos. Es la intervención y modificación de los territorios con la ayuda y acatamiento de la ley. Son constructos de violencia sistemática que escalan desde lo nacional hasta lo local, sin que este último escalón de relaciones se contemple. Las políticas extractivas ejercen impactos diversificados que pueden penetrar en todos los poros del cuerpo socioambiental que lo soporta”, enfatizan.
También la Alianza Mexicana contra el Fracking señala que está por terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y sigue pendiente uno de sus compromisos más importantes: prohibir el fracking en todo México.
“El fracking causa daños graves e irreversibles para el ambiente, la salud y los derechos de cientos de comunidades. De todas las regiones del país, le recordamos que solo le quedan 99 días para cumplir con su palabra”, afirma.
REDES POR EL AGUA
Redes nacionales e internacionales en defensa del agua se pronunciaron para solicitar a las próximas autoridades federales y estatales, que entrarán en funciones el próximo 1 de octubre, la incorporación en su plan de trabajo para la atención a la crisis en la gestión del agua.
Las organizaciones civiles, algunas representantes de Veracruz, indican que es imperativo mayor transparencia e inversión en el sector y un modelo de gestión integral y ecosistémico asegurando la participación efectiva y el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento para la reducción de la desigualdad.
Sostienen que el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento es asignatura pendiente en México. Este retraso tiene graves consecuencias, como la carencia y la mala calidad del agua, lo que provoca desnutrición, epidemias y enfermedades.
Además, lleva a la pérdida de fuentes de agua y afecta la salud de los ecosistemas. Esto impacta directamente en las economías, contribuyen al cambio climático e incrementa las desigualdades y los conflictos.
Señalan que en Latinoamérica este rezago se debe, en parte, a la incoherencia de los marcos legales e instrumentos jurídicos para su ejecución y la falta de atención y priorización de distintas problemáticas sociales, ambientales, económicas y de salud.
Se estima que, en México, menos del 50% de la población tiene acceso a un suministro continuo de agua.
La pobreza hídrica se exacerba en localidades rurales y periurbanas, siendo Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Guerrero los que cuentan con menor porcentaje de población con suministro diario de agua en la vivienda.
Sin embargo, en Veracruz también son constantes las quejas de usuarios por falta del servicio de agua potable en distintas ciudades.
INVERSIONES NECESARIAS
Actualmente, el 22.3% del agua concesionada está en manos del 1.1% de los usuarios del agua, usuarios privados que cuentan con concesiones. Asimismo, hay un sobreconcesionamiento del agua tanto superficial como subterránea, que beneficia a industriales, embotelladoras, mineras, automotrices y empresas agropecuarias.
Se estima que al menos 20 millones de personas consumen agua con niveles de fluoruro por encima de los permisibles en el país; y que al menos 6.5 millones de niños están expuestos a concentraciones de arsénico que afectan su salud.
Las organizaciones sostienen que la inversión federal debe ser una de las fuentes de recursos primordiales para cerrar la brecha de desigualdad entre poblaciones rurales y urbanas, así como entre el norte y el sureste del país.
Según la última encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares (2022), si bien el 95% de la población cuenta con infraestructura de agua potable y saneamiento básico, solo el 59% recibe agua diariamente y cuenta con saneamiento mejorado.
Pero en estos promedios se esconden las grandes desigualdades y contrastes: por ejemplo, en Nuevo León, el indicador es de 94%, mientras que en Guerrero es de 15%. La inversión de 10 mil millones de pesos para remediar el desabasto de agua en Monterrey era necesario.
Sin embargo, estas inversiones contrastan drásticamente con el abandono en el que se ha dejado a Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, o Chiapas; esta última entidad solo recibe 100 millones de pesos al año para agua y saneamiento.
“Es decir, aunque Monterrey es una de las ciudades con mayor acceso al agua, recibió el equivalente de 100 años del presupuesto público federal para agua y saneamiento de Chiapas”.
Los ambientalistas consideran que las instituciones públicas deben atender de manera contundente las problemáticas, la falta de ejercicio de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento y a sus derechos asociados, para evitar tensiones y conflictos que desgastan la gobernabilidad del país, la democracia y la paz social.
“Se debe también ver como una fortaleza, la participación ciudadana, puesto que hay iniciativas que son guías para los cambios en materia legislativa y de política pública que se requieren para una gestión sostenible, sustentable y equitativa del agua, con visión de futuro”.
ENCUENTROS POR EL AGUA
El pasado miércoles 26 de junio, distintas organizaciones de la sociedad civil tuvimos la oportunidad de reunirnos con Pedro Arrojo, relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento de la ONU.
“En un nutrido intercambio pudimos compartir sobre nuestro quehacer en torno a la gestión del agua, la defensa del territorio, el cuidado de nuestras cuencas y la colectividad organizada para estos procesos en nuestra región. Agradecemos a la Cosustenta UV por la organización de este encuentro y a Pedro Arrojo por su visita y su amplio trabajo por el reconocimiento del agua como un derecho”, señalan otras organizaciones.
Se observó a integrantes de Terravida - Territorios Diversos para la Vida, Rescate del Río Sedeño, Guardianxs del Agua Xalapa y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, por mencionar algunos.
