Ayuntamientos de la región necesitan asesoría legal
REDACCIÓN
MARTÍNEZ DE LA TORRE
Ayuntamientos de la región necesitan asesoría legal, o al menos así lo reflejan, sobre todo en materia laboral, pues no están resolviendo laudos, lo cual implica infringir leyes de tipo penal, además de que, a consecuencia de los salarios caídos de los demandantes, las cantidades a pagar se están volviendo millonarias, y por lo tanto, muy difíciles de solventar, en caso de que esa responsabilidad se siga dejando de una administración a otra, expuso Carlos Joaquín Rincón Montes, abogado litigante.
Mencionó que "nosotros como abogados de los demandantes seguimos presionando para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje haga cumplir sus propias determinaciones, pues resulta que los ayuntamientos como entidades públicas no cumplen con los pagos, ni siquiera de las multas y mucho menos de las órdenes de arresto, y de esa manera persiste el incumplimiento, no solamente de un mandato judicial sino de un deber legal".
Aseveró que en los ayuntamientos de la región parecen desconocer que es necesario solventar aún en parcialidades ese tipo de cuestiones, o sus asesores no les dicen nada a ese respecto, lo cual podría llegar a casos extremos en los que los laudos laborales se vuelven impagables, por sus montos millonarios, que podrían afectar el patrimonio municipal.
Rincón Montes reiteró que es posible pagar en parcialidades, pues de un cien por ciento se podría abonar un 50 por ciento del monto, y acordar que a los seis meses se liquidará el resto, y así sería posible resolver varios laudos en una sola administración, tal como sucedió en el tiempo de Hilario Ruiz Zurita, cuando fungió como titular del jurídico el licenciado Rafael Tolentino Calderón.
Añadió que es recomendable cumplir con esas obligaciones, con la finalidad de que esa problemática no se complique aún más, y se torne inmanejable.
Dijo desconocer la razón por la cual los ayuntamientos no cumplen con el pago de los laudos laborales que se siguen dejando pendientes de una administración a la otra, dejando esa responsabilidad al aire, y desconociendo las consecuencias que definitivamente no son para la persona, sino para los ayuntamientos en sí, los cuales podrían sufrir descalabros en sus finanzas al verse obligados a pagar montos millonarios en conflictos laborales.
