- Habitantes mazatecos iniciaron una guardia indefinida para exigir se frene la criminalización de defensores del río Xangá Ndá Ge
AGENCIAS
BOCA DEL RÍO
Habitantes de la comunidad mazateca de Eloxochitlán, Oaxaca, e integrantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos iniciaron un plantón por tiempo indefinido afuera de los juzgados del Poder Judicial de la Federación con residencia en Boca del Río para exigir que se deje de perseguir y criminalizar a defensores del río Xangá Ndá Ge.
Los manifestantes colocaron carpas y tiendas de campaña sobre la avenida Juan Pablo II, entre la calle Tiburón y la avenida Costa de Oro, por lo que se interrumpió la circulación en ese tramo.
La, la abogada Argelia Betanzos refirió que la criminalización hacia habitantes de Eloxochitlán tiene más de 10 años y señaló que los supuestos caciques Manuel Zepeda y su hija Elisa Zepeda, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), están detrás de las acusaciones en contra de integrantes de la comunidad que se oponen a la extracción de material pétreo del río Xangá Ndá Ge.
“Ya hay comprobación y evidencia de cómo el material que sale de Eloxochitlán se vende al Gobierno de Oaxaca, pero no de alguien que lo trabajó y le costó, sino de alguien que se lo robó de nuestro río y está dañando nuestro río, entonces la complicidad para proteger el saqueo de la grava y la arena y dejarlo en la impunidad lo que hace es mantenernos a nosotras y a nuestros compañeros en desplazamiento y en persecución por más de 10 años”, subrayó.
Betanzos manifestó que hay más de 200 órdenes de aprehensión activas en contra de defensores de su territorio, giradas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y acusó al gobernador Salomón Jara de criminalizar a las mujeres.
Además, la abogada mazateca aseguró que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, conoce la problemática que enfrenta la comunidad de Eloxochitlán, ya que a lo largo de su trayectoria fue representante legal de diversas comunidades de pueblos originarios, ocupó cargos en el gobierno estatal y se desempeñó como coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por lo que le demandó dar solución a la problemática que enfrenta Eloxochitlán.
