PERLA SANDOVAL/AVC NOTICIAS
XALAPA
Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron al Estado Mexicano sobre la aceptación parcial de su responsabilidad en el caso de Ernestina Ascencio, que murió tras la violación sexual de integrantes del Ejército Mexicano en 2007.
Durante la audiencia de este jueves, la jueza Verónica Gómez cuestionó el argumento del Estado mexicano sobre la no existencia de pruebas que avalen la violación sexual de la mujer indígena de 73 años, pues dijo que hay testimonios de la víctima y testigos del caso que lo afirman.
“Lo que está argumentando el Estado es que a pesar de que contamos con el testimonio de la víctima antes de fallecer, hay varios testigos que dan cuenta de lo que indicó la víctima y que hay una serie de elementos contextuales también, que además se levantaron pruebas en la autopsia, que además incluían material genético y que al mismo tiempo el Estado está reconociendo que violó el derecho de acceso a la justicia y garantías judiciales, a pesar de todo eso, que es bastante, el Estado considera que no hay elementos para considerar responsabilidad”, preguntó.
Además, preguntó si el Estado propone seguir investigando este caso a 18 años de lo ocurrido y al mismo tiempo pedirle a la corte que espere a la determinación de los tribunales para pronunciarse sobre el caso.
“Quisiera entender si lo que está argumentando el Estado es que está haciendo depender una determinación de lo que ocurrió, en una potencial determinación por parte de los tribunales ¿ese es el argumento del Estado?”, señaló.
La respuesta del consultor jurídico de Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenag, dijo que no hay información suficiente ni pruebas que señalen un vínculo directo con agentes del Estado.
“No hay información suficiente de manera desafortunada por cómo se han llevado a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos, tampoco existen elementos probatorios de un vínculo directo con agentes del estado. Entonces, la responsabilidad a partir de un elemento de atribución no es probable”.
Y recordó que la investigación se reabrió a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que el caso sigue abierto en la Fiscalía Estatal de Veracruz.
La jueza agregó que no se tienen datos sobre en qué estado está la investigación ni qué oportunidades hay de hacer una determinación sobre lo que ocurrió, porque supuestamente la prueba había sido levantada.
“La prueba genética fue levantada y tengo entendido que en el expediente consta que incluso hay identificación de qué agentes del estado estaban presentes en la zona al momento de los hechos”, preguntó
Por su parte, el juez Diego Moreno Rodríguez cuestionó la versión oficial de que la mujer indígena de 73 años de edad murió por una gastritis aguda y no por la violación sexual sufrida.
Afirmó que él conoce sobre el tema de gastritis porque la ha padecido por varios años, por lo que cuestionó si realmente alguien “puede morir” de esta enfermedad.
“Esta corte ha tenido acceso a una entrevista realizada por el entonces presidente Felipe Calderón en la que afirma, refiriéndose al caso de la señora Ernestina, ‘que la CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida’ (…) es una reflexión de carácter personal. Yo sufro de gastritis crónica desde hace varias décadas atrás. He sido tratado por algunos especialistas muy buenos y me he documentado de forma relativamente bien como cualquier persona que y yo no sé si alguien puede realmente morir de gastritis propiamente dicha, puede haber alguna complicación, alguna úlcera o lo que se lo no es lo que se menciona en esta entrevista y por eso quería llamar la atención sobre esta entrevista que me llamó a mí en lo personal la atención”.
