Por presuntamente encubrir al joven que habría asesinado a golpes a Monserrat.
Sergio Aldazaba/AVC
Veracruz
Este jueves se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Jorge Ignacio B. J. y Diana Elizabeth F. de la R., los presuntos papás encubridores de Marlon "N", actualmente prófugo de la justicia.
Este jueves se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Jorge Ignacio B. J. y Diana Elizabeth F. de la R., los presuntos papás encubridores de Marlon "N", quien actualmente permanece prófugo de la justicia por el feminicidio de Montserrat B. F el pasado mes de abril.
El juez de control determinó que el matrimonio quedará vinculado al proceso penal con número 387/2021, quien les dictaminó un año de prisión preventiva oficiosa y tres meses más de investigación complementaria para esclarecer su probable participación en el crimen.
La pareja actualmente permanece tras las rejas del Penalito de Playa Linda por su presunta participación en el feminicidio de la joven de 20 años de edad, en tanto el supuesto autor material continúa oculto para evadir su responsabilidad.
Fue durante la noche del pasado viernes cuando detectives de la Policía Ministerial delegación Veracruz con apoyo de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México mediante una orden de aprehensión y fueron traídos al puerto el sábado a temprana hora.
Actualmente, Marlon "N" es buscado por las autoridades de toda la República Mexicana e incluso ya se informó a las de otros países en los que pudiera estar oculto, pues dado su estatus social se sospecha que se fugó al extranjero.
Fue el pasado 17 de abril, cuando el entonces joven estudiante de ingeniería presuntamente le arrancó la vida a la joven Montserrat a golpes en su casa, para posteriormente pedir ayuda a sus papás, quienes la dejaron abandonada a su suerte en un hospital donde murió luego de varios días de agonía.
Las últimas palabras de la joven fueron para señalar a Marlon "N" como el responsable de la agresión, pero desafortunadamente éste logró darse a la fuga antes de que las autoridades ministeriales pudieran actuar, por lo que se ofrecen 250 mil pesos por información que ayude a dar con su paradero.