Ruben Pabello Rojas.- Una de las obligaciones, Deber Fundamental, que tiene el Estado Democrático cuya omisión o incumplimiento parcial configura su propia negación, es la de proporcionar a sus habitantes la seguridad pública, consistente en la protección de vidas, integridad personal, patrimonio y demás libertades y Derechos Humanos, según manda la Ley Suprema de una nación.
México en su integración orgánica como país, está regido por un complejo sistema jurídico que encarga a sus diferentes estamentos de gobierno la responsabilidad de mantener en su territorio esa tan necesaria seguridad de su comunidad.
Para ello dispone de los elementos legales suficientes para dar a sus gobernados la tranquilidad que el desarrollo sano de una nación requiere. Bueno, esa es la teoría. La realidad es que paulatinamente, desde hace ya mucho, pero mucho tiempo las cosas en el país no marchan como debieran ser, por mas que se intenta de las más variadas formas y mecanismos lograr ese sosiego social tan perdido desde, como se dijo, hace mucho, muchísimo.
Es innegable y están a la vista de todos los esfuerzos que las autoridades cotidianamente realizan para combatir y, ojalá, controlar la maldición en que se ha convertido la inseguridad pública. Nadie puede dudar de los empeños de quienes tienen la obligación de mantener la tranquilidad de una sociedad cada vez más escéptica y medrosa. Sin embargo no ha sido suficiente.
Las noticias que los medios de comunicación informan a la población abierta son diariamente nuevos hechos sangrientos donde, en cumplimiento del deber, fuerzas policiacas o de las fuerzas armadas intervinieron contra individuos, que transgrediendo la ley provocan enfrentamientos cruentos con infractores, en que se cuentan bajas y muertes como consecuencia.
En medio de estos terribles acontecimientos discurre la vida comunitaria. Existe fundado temor de los vecinos, del miembro anónimo de casi cualquier población. Mas las más populosas, donde se concentra mayormente el detestable fenómeno.
La inseguridad pública, que en todos ámbitos se sufre, es hermana carnal de la corrupción y de la impunidad. Ha tenido que recurrirse a medidas insólitas, ahora ya con carta de naturaleza, al meter al problemón a instituciones creadas por el Estado para atender otras responsabilidades, como es la de echar mano del ejército y la marina de guerra, para hacer tareas de policía en tiempos de paz.
El artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. No está por demás leer los artículos 29, 73 fracc. XXIX-M y 89 fracc.VI de la Constitución, solo por mera curiosidad.
Leyes y reglamentos secundarios han buscado los caminos para, por necesidad imperativa, poner a las fuerzas armadas del país a perseguir delincuentes organizados. No ha quedado de otra. Aún así el flagelo no cede y la sociedad sufre las consecuencias.
En Veracruz nadie puede afirmar que este indeseable azote no se combate. Es de dominio público el esfuerzo que las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Javier Duarte de Ochoa han puesto en el desempeño de una obligación tan sensible, sumadas otras organizaciones de la sociedad civil, como los empresarios. Sin embargo, no ha sido suficiente. No bastan los buenos propósitos.
La semana anterior en la población de Banderilla, conurbada con la Capital del Estado, Xalapa fue teatro de una “balacera” donde se dijo murieron nueve personas y resultó herido un civil que nada tenía que ver en el problema. Victima ajena ejemplo de lo que cualquier ciudadano teme padecer con mala suerte. Se convirtió el hecho en noticia nacional. En TVE, de España también lo reseñaron. En otro enfrentamiento con armas de alto calibre, en el poblado de “El Viejón”, municipio de Alto Lucero, mueren cinco civiles y un policía.
David Velasco Chedrahui, diputado actual, ex alcalde y empresario, pone el dedo en la llaga al decir que las ciudades de Veracruz y Xalapa son las mejores plazas para la delincuencia por la gran cantidad de bares, antros, discos donde prolifera la droga y donde está el cliente, ahí está el proveedor.
Agrega que cuando hay balaceras y temor, los empresarios dejan de invertir, lo que ha sucedido en Xalapa donde algunos inversionistas que iban a poner un negocio mejor se han ido a otro lado por temor. De Gerardo Escobedo herido en este operativo, dice seguridad pública que fue circunstancial el daño que sufrió.
También hubiera sido circunstancial si hubiera muerto, al fin solo son declaraciones tratando de minimizar los hechos duros; palabras gastadas que no frenan ni el mal ni la insatisfacción popular. Acciones reactivas no preventivas. Se combate al crimen cuando ya sucedió. No hay políticas públicas contra las adicciones, contra el consumo, contra el problema en su origen.
Por supuesto que otros estados de la Republica atraviesan por etapas de mayor quebranto, pero ello no debe ser consuelo mientras exista el miedo social en territorio veracruzano. No sirven condolencias ni lamentaciones.
El llamado “control civil por los militares”, entraña desde su enunciación una contradicción, mayúsculo desatino es que devenga en práctica cotidiana y lo peor es que ya se ha constituido en una forma normal de acción. Ya ahora lo que no debe ser, es. Lo inaceptable es que ya la población y ciertas autoridades cuando hay problemas de inseguridad pública, pidan y reclamen la intervención del ejército o la marina como medida desesperada.
Las fuerzas armadas no deberían activarse en tiempos de paz y sin embargo ahora actúan como policía civil común y corriente. En el colmo, la marina en el puerto de Veracruz desempeña funciones de tránsito vehicular y, sin afirmar, parece que hasta levanta infracciones a los que se pasan los altos. Surrealismo puro.
Hasta hace poco tiempo era el ejército el encargado histórico de mantener el orden nacional. Desde no hace mucho es la Marina de Guerra la que desempeña tareas de policía en tierra, no en el mar o las costas, fuera de toda lógica. La necesidad de hacer intervenir a las fuerzas armadas es el único remedio aún con sus graves distorsiones, para paliar, que no solucionar el problema de raíz. En ningún país civilizado se lanza a la marina armada a tareas de policía, ni al ejército. Por lo mismo es de reconocer el alto grado de sacrificio y heroísmo de las Fuerzas Armadas de México al afrontar tan enorme responsabilidad como Última Ratio.
