Sin desconocer que en el fondo, el director premiado puede tener razón, los mexicanos tienen derecho a saber con detalle cual es el beneficio concreto que las reformas traerán. Lo que se objeta por algún sector de críticos es que, sin ser un analista reconocido acerca de tópicos políticos, Cuaron se vista de interlocutor y a media plaza pública rete al presidente a una confrontación sobre algo que de antemano se sabe que ignora, por muy bien aconsejado que esté.
No puede tampoco dejar de considerarse como un ejercicio pleno de la libertad de expresión en un régimen que se precia de democrático, donde todos pueden y deben manifestar su pensamiento y exigir cuentas al poder público. Pero ni es la forma ni el foro idóneo.
Las sociedades evolucionan y los tiempos han cambiado, si en el siglo pasado se le hubiera ocurrido a Emilio “el indio” Fernández, laureado cineasta, cuestionar a Salinas de Gortari cuando propicio las reformas que se hicieron a la Constitución en su gestión, quien sabe como lo hubiera tomado la opinión pública de aquellos años. Seguramente hubiera sido muy criticado sin desconocer su rango como director de cine, donde brilló incuestionablemente.
Sin embargo el tema si requiere analizar e identificar el alcance y los beneficios que las reformas traerán a México y a los mexicanos puesto que siendo de tal calado el impacto, si amerita una explicación y un conocimiento por parte de la comunidad nacional.
No son pocos los ámbitos en que se plantean modificaciones estructurales en materia económica, política, fiscal, electoral, energética y toda una sacudida al orden legal. Esto conduce necesariamente a nuevas combinaciones y reacciones en el contexto social que deben saberse, que el pueblo tiene el derecho de conocer.
Después de la forma que al principio el actual gobierno se planteó y funciono, el Pacto por México, agotado su efecto, como era previsible, se dio paso al envío por el presidente Enrique Peña Nieto, de las iniciativas de ley que por atribución tiene, al Congreso de la Unión. Es ahí donde se tiene que cumplir con el proceso legislativo que aprobará el dictamen correspondiente y votado mayoritariamente se producirá la Ley. Ahí debe responderse la duda de Cuarón, que es la de todo el pueblo mexicano.
Es pues técnicamente y políticamente correcto que cualquier interpelación de orden puramente efectista como la de Cuarón, se haga a los señores diputados y senadores que serán, investidos de la atribución, quienes debatirán y aprobaran en su caso las reformas. Reformas que por lo demás han tenido un atorón en lo que hace a las leyes secundarias u ordinarias, las cuales hacen aplicables las reformas constitucionales. Es decir, el debate no es con el presidente, como confunde Cuarón, sino a nivel parlamentario.
Ahí es donde debe intentarse todo género de preguntas y exigencias para hacer que los legisladores aprueben leyes que concreten, aplicadas por el Ejecutivo, uno de los más preciados Deberes Fundamentales atribuidos al Estado Constitucional, como es la cristalización de la Paz Pública y el Bien Común.
Ambos principios tan aporreados actualmente por los acontecimientos en Michoacán, los aterradores últimamente en Tamaulipas y las severas contaminaciones en Morelos y el Estado de México, ponen a prueba la estabilidad de esas regiones.
Si la estructura nacional funcionara correctamente, no al revés como ahora funciona, si hubiera empleo, producción agropecuaria, si se estuvieran construyendo vías de comunicación, si la industria fuera fomentada, si no hubiera necesidad de alimentar y pregonar campañas contra la creciente e inocultable pobreza de grandes núcleos de mexicanos.
Si no se concediera dudosa importancia a llevar ayudas a grupos vulnerables de población, en lugar de invertir esos recursos en actividades productivas capacitando a las comunidades, si solo se están dando soluciones paliativas que no resuelven el fondo de los problemas, el país no caminará hacia su desarrollo. Y para colmo con muy censurables declaraciones de Rosario Robles.
Ese es el meollo del asunto, no la triste fama de un propuesto debate oportunista y estéril, fuera de toda lógica y valía. Que los legisladores respondan a sus representados electores, que estos exijan a sus diputados las leyes que los beneficien. Que las iniciativas presidenciales se sometan a discusiones y debates y con la aprobación del Congreso y de los Estados federales, en caso de reformas a la Constitución, se promulguen las adecuadas leyes que México requiere para su progreso.
Y, fundamentalmente, que las leyes, buenas leyes, se cumplan y no devengan en trámite engañoso para requisitar una responsabilidad que al final, solamente sirva para desobedecerse y torcer a voluntad inconfesable. Ese es el reclamo nacional, no la búsqueda efectista de espacios mediáticos.
