FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
CACERÍA DE BRUJAS POR PARTE DE LA FISCALÍA EN SEGURIDAD PÚBLICA
En primer lugar, quiero ofrecer una disculpa a mis lectores por no haber publicado esta columna la semana pasada, mas razones propias de mi profesión impidieron el que siquiera pudiera escribir unas cuantas líneas.
Una vez ofrecida la disculpa puedo entrar en el tema de esta semana y éste versa sobre el terror que se está viviendo al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz a causa de la ola de persecuciones que la Fiscalía General del Estado está haciendo sobre trabajadores de la primera.
Como muestra de ello tenemos que el pasado 17 de noviembre fueron aprehendidos 7 trabajadores de la Secretaría Pública y presentados ante un Juez de Control para imputarles la comisión del delito de incumplimiento de un deber legal, ya que a decir de la Fiscalía habían autorizado la contratación de la compra de víveres tanto para elementos de la corporación como para internos en los CERESOS del estado a Roberto Esquivel Hernández quien es socio del otrora Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, sin haber investigado dicha relación de negocios.
Suceso que fue presentado inicialmente a la opinión pública como el de la aprehensión de operadores financieros de Bermúdez Zurita al interior de la SSP, quienes se encargaron de autorizar la contratación de su socio como proveedor en el subcomité de adquisiciones que por ley existe en la dependencia para tal efecto y que además casualmente coincidió con la comparecencia del titular de la referida secretaría ante el Congreso del Estado y en la que declaró a la prensa que cubría la fuente, que se estaban llevando a cabo detenciones de personal de esa secretaría que presuntamente habían malversado fondos en la pasada administración.
Sin embargo, la realidad fue muy diferente ya que más bien se trató de una mascarada urdida por la fiscalía en la cual, y ahora a la distancia pienso que fue más por oportunismo que por astucia, fabricó un caso en donde no lo había.
Y éso lo puedo sostener porque ni la denuncia ni las actuaciones de la carpeta de investigación iban en contra de los detenidos en aquella ocasión, ya que la denuncia fue hecha por el actual Gobernador en contra del entonces Secretario de Finanzas, del Subsecretario del mismo ramo y del entonces Director de la Unidad Administrativa de Seguridad Pública y no, como ya se dijo, en contra de quienes fueron llevados a control judicial y su intento de proceso se debió a que su nombre apareció al firmar unas actas de sesiones del subcomité de adquisiciones de la dependencia en la que trabajaban en las que se aprobó entre otras muchas cosas el contrato con el señor Esquivel como proveedor de la dependencia, mas ellos pudieron explicar cuál fue su función en ese Subcomité de Adquisiciones y esa función no fue más que asistir en representación de sus jefes, quienes de acuerdo a la ley que norma que los rige son los titulares de la representación y por tanto del voto en el mencionado subcomité, más no lo eran las personas a las que intentaron involucrar en esa ocasión, ya que ellos eran meros empleados de enlace administrativo sin facultades para hacer algún contrato.
Sin embargo el oportunismo de la Fiscalía no solo quedó ahí, ya que la misma basó su imputación en un acta que dolosamente presentó ante el órgano jurisdiccional de manera incompleta (el autor de estas líneas hizo valer ante la juzgadora del caso tal situación), ya que solo llevó como dato de prueba en su carpeta de investigación las hojas 1,12, 13, 17 y 18 de un acta que al parecer constaba de 18 hojas y por lo mismo queda en duda lo que se acordó en la referida sesión debido a que no se presentó el documento completo; aunado a que la participación de los imputados solo se limitaba al haber firmado esas actas sin tener un nombramiento para hacerlo, ya que incluso cuando se habló de nombramientos en la audiencia, todos ellos referían a altos funcionarios de la dependencia, quienes no estaban presentes en la sala de juicio; más en ningún momento se acreditó por parte de la fiscalía que los imputados, quienes eran meros empleados de la dependencia, fueran los responsables del delito que se les imputaba.
El resto de la historia ya es conocido, los imputados recibieron un auto de no vinculación a proceso y por lo mismo se ordenó su inmediata libertad.
De todo lo narrado en líneas arriba nos quedan algunas lecciones, siendo la primera de ellas el que la Fiscalía debe de enfocarse en atrapar a los que realmente lesionaron al estado; ya que no puedo olvidar las reiteradas veces en que la juzgadora señaló que los denunciados por los fiscales no se encontraban en la sala de juicio.
También queda como reflexión el qué fácil es destruir no solo una vida sino también a una familia al hacer una acusación al “ahí se va” y como consecuencia de la misma engañar a todo el mundo (incluido el órgano jurisdiccional) y provocar con ello la desintegración del núcleo familiar; ya que la persona a la que defendí me dijo que había decidido sacar a sus hijos del estado por temor a la situación que estaba viviendo.
Y por último y no por ello menos importante es menester resaltar lo fundamental que ha sido cambiar el sistema de justicia penal (y espero que a la brevedad se haga lo mismo en otras materias), ya que ahora los juzgadores no conocen nada mas allá de lo que las partes les van diciendo y con el sistema anterior que se basaba en expedientes fríos, tengo la certeza de que los que fueron imputados no hubieran salido de la cárcel, ya que eran procesados a causa de una prueba documental pública (el acta que firmaron) y no había una manera de controvertir esa situación en tiempo real, tal y como ahora sucede.
Es por ello que se puede seguir creyendo que en Veracruz hay justicia y que nosotros (los abogados) como operadores del sistema penal acusatorio debemos de perfeccionarlo con nuestro actuar cotidiano y la ciudadanía en general debe de ser (parafraseando a la institución romana) el mejor censor para revisar y opinar de cuantas situaciones se presenten, ya que no hay que pasar por alto el que junto con la actividad jurídica que se llevó a cabo en este caso, también fue importante la presión que lo familiares de los imputados ejercieron, ya que lo que sucedió era lisa y llanamente una verdadera injusticia.
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