Con solidaridad y respeto a Miguel Angel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla
Francisco Cabral Bravo
Lo que se hace mal no puede salir bien. Esto podría ser lo inscrito en la lápida del Acuerdo, para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Para no hacer corajes en la etapa tan temprana que transcurre del año hay que contemplar el Acuerdo como un manifiesto de buenas voluntades necesarias a enriquecerse por las voluntades necesarias que queremos al país. Un acuerdo sobre nada. Ese es el resumen firmado y presentado por el gobierno de la República y diversas organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo.
Se ha buscado hacer una comparación con los pactos de estabilidad económica de finales de los 80s, pero la comparación no es precisa. En aquel momento, los pactos en sus diversas etapas tenían objetivos medibles y claros, siendo el más evidente el de disminuir la inflación que ya había alcanzado niveles alarmantes
En el acuerdo firmado el lunes 9 de enero, ni siquiera el objetivo es claro. Supongo, quiero creer que la idea tras su firma era contener, en caso de ser eso posible, un incremento en la inflación consecuencia del aumento en el precio de la gasolina.
Pero el planteamiento inicial del acuerdo divaga y plantea que, ante un entorno internacional adverso e incierto, aunado al aumento en el precio de los combustibles, se deben realizar las acciones necesarias para contribuir a la estabilidad económica del país, la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas. Esos son los “ejes” del acuerdo y para cada eje hay varias medidas.
Las medidas son tan amplias y tan ambiguas como lo son los objetivos.
Abundan en el texto verbos que suenan a mucho, pero que concretan poco: fomentar, impulsar, coadyuvar, intensificar. Algunas de estas medidas son meramente remplazamientos de lo que tendrían que ser acciones continuas. El acuerdo forma parte de la improvisación con la que actúa el gobierno federal, que es reactivo, no preventivo.
Uno de los ejes del acuerdo es mantener la estabilidad económica del país. ¿Es necesario plantear esto en un acuerdo? ¿No es uno de los objetivos principales de cualquier gobierno mantener la estabilidad económica del país que sea?
El Acuerdo también habla de preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de derecho. Para cumplir este objetivo, si es que preservar y fortalecer son los objetivos, el Gobierno Federal, se compromete a que, junto con los gobiernos estatales y municipales, impulsará medida para promover la cultura de la legalidad y la formalidad. En el Anexo Técnico únicamente dice que se combatirá la corrupción y aumentará la transparencia.
No me queda claro cuál fue el propósito de este Acuerdo. Si la idea era intentar contener el traspaso del incremento del precio de la gasolina a otros precios, se debería de haber enfocado en eso. Aunque incluso cuando toca ese tema preciso, también lo hace de forma ambigua. Se comprometen los firmantes a que no habrá aumentos injustificados en los precios de los productos de la canasta básica.
No se comprometen a que no haya aumentos, únicamente a que éstos no sean injustificados.
Es decir, sí habrá mientras sean justificados. El tema será quién decide cuánto se justifique y cuánto no.
El texto dice “el Acuerdo habrá de responder la complejidad de nuestros tiempos”. No le hace. Sin duda vivimos tiempos complejos y convulsivos. Este es un acuerdo hueco. Es un Acuerdo que no responde a nada y que no resuelve nada. ¿Llegará el momento en el que nos tomemos en serio?
Acuerdo de urgente y obvia resolución, iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo son algunas figuras legislativas que están en busca de los consensos entre senadores y diputados en el tema del gasolinazo, ahora solo hay que esperar a que el debate en este asunto no sea una pérdida de tiempo y más aún cuando en el poder Ejecutivo se ha dicho que no hay marcha atrás.
En el Congreso de la Unión senadores y diputados federales hacen una serie de propuestas por las vías institucionales que van desde echar abajo la decisión gubernamental o hacer ajustes al gasto público y, en general, los legisladores lo abordan desde una perspectiva de situación de crisis. Diputados del PRI y de Morena apoyaron la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, una de las demandas en las recientes marchas ciudadanas en todo el país y que ha sido apoyada incluso por gobernadores. El diputado Jorge Ramírez Marín del PRI, señaló que “Es necesario revisar todo el costo electoral de la democracia mexicana” y aclaró que su partido ha insistido en el asunto al proponer la disminución de diputados y senadores.
Los representantes de Morena en voz de la diputada Rocío Nahle y del senador Mario Delgado pidieron la realización de un periodo extraordinario para analizar y dar cauce al reclamo popular y hacer otras propuestas como es el hecho de reducir el IEPS en un 37 por ciento, lo que de inmediato redundaría en un descuento real del precio de las gasolinas en un 10 por ciento en todo el país.
El senador Miguel Barbosa dijo que los legisladores “debemos ser antes vivos” y concluyó que “dar marcha atrás al gasolinazo” sería el verdadero acuerdo nacional.
El PAN, en voz de las senadoras Marcela Torres Peimbert y Laura Angélica Rojas Hernández ante el pleno presentaron una iniciativa que entre otras cosas propone acabar con la simulación de los salarios y prestaciones, es decir, que todo se cubra en un solo pago.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en su calidad de presidente de la Conago, escribió en su cuenta de twitter que ese organismo no conoció el texto del convenio signado, en consecuencia no pudo haberlo suscrito, Lo extraño en todo caso es que en momentos tan difíciles para el país el dirigente de la Conago no haya tomado la iniciativa desde ese organismo, el cual surgió hace casi 15 años con el fin de promover políticas públicas que respondieran a problemas de interés común de las entidades federativas.
¿Acaso el tema del llamado gasolinazo no merecía una atención especial?
En esta contrariedad social, también hay gobiernos locales que atendieron de inmediato el llamado del primer mandatario del país.
En fin, no nos queda la menor duda que hoy en día la Conago es un elefante en blanco, y en esa negligente actuación sólo alcanza a decir que en este asunto está en juego la gobernabilidad del país, pero no propone nada al respecto.
No hay tiempo que perder. El cuerpo social y político no está en silencio; es decir no está sano. Hay que hablar, oír y acordar; hacer uno o varios pactos. Los que sean necesarios, antes de que la tormenta estalle del todo. Dejar de llevarlo a cabo es igual a pilotear una nave sin radar.
