Arturo Reyes Isidoro
Fue acción indebida, reprensible, un verdadero crimen lo que el gobierno de Javier Duarte hizo −o tal vez mejor dicho, dejó de hacer− con programas y recursos de dos dependencias dedicadas a la asistencia social y a la salud de los veracruzanos más necesitados: el DIF y la Secretaría de Salud.
Si el desvío de recursos dentro del propio gobierno y los actos de corrupción para sustraerlos y destinarlos al provecho personal de algunos, que han colapsado a la administración, son condenables, haber atentado contra niños, ancianos y mujeres embarazadas en pobreza, en situación de miseria, pero incluso hasta de buena parte de la población de clase media baja, raya en lo criminal.
Cuando en voz alta me he querido condoler de los hijos de Javier Duarte y de Karime Macías al haber quedado, de golpe y porrazo, sin sus padres, quienes han tenido que huir y esconderse para no enfrentar a la justicia por el abuso de poder que cometieron en perjuicio de todos los veracruzanos, la respuesta de indignación no se ha hecho esperar.
“¿Y qué me dices de los niños, de los ancianos, de las mujeres embarazadas, muchos de ellos indígenas, que murieron o que por el resto de sus días sufrirán secuelas por no haber sido atendidos oportunamente y con los medicamentos necesarios para algún padecimiento, porque Duarte y los suyos se robaron el dinero que era para programas asistenciales, para hospitales y centros de salud, así como para equipos médicos y medicinas?”, me han respondido rápidamente.
Me ha pasado a mí y a periodistas serios, según hemos cruzado experiencias. Tienen razón, no les falta razón, aunque algunos pensemos o creamos que los niños no tienen porqué pagar por los errores e incluso por los crímenes que cometen sus padres.
Poco o nada se ha dicho, pero en semanas pasadas agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) también irrumpieron en las oficinas del DIF Estatal en Xalapa y cargaron con todos los archivos del organismo como parte de una investigación que realizan por el desvío de recursos o peculado, que suman muchos millones de pesos y que no se sabe a dónde fueron a dar porque no se emplearon para atender a los pobres de Veracruz, recursos en parte federales.
En “Prosa aprisa” he señalado ya, que, por ejemplo, tan sólo a Liconsa le deben 15 millones de pesos desde 2014, debido a lo cual el organismo dependiente de la Sedesol federal denunció el caso ante la Auditoría Superior de la Federación, que, a su vez, pidio a la dependencia federal llevar el caso ante la PGR, que ya determinó la culpabilidad por incumplimiento del sistema estatal.
La responsable directa sería Astrid Elías Mansur, directora entonces del organismo, y por omisión Karime Macías Tubilla, presidenta del sistema, aunque les surgen defensores que afirman que quien no entregó el dinero fue Tarek Abdala Saad. Todavía, en su momento, Astrid denunció a Liconsa, ya que para 2015 querían que les surtiera el triple de leche, por un equivalente a 45 millones de pesos, a lo que se negó hasta en tanto no le liquidaran lo pendiente.
Lo grave es que por culpa de estos insensibles e irresponsables, Liconsa les dejó de surtir el producto, quitándole, así, un beneficio a la población vulnerable a la que se le surtía, buena parte niños de las sierras o de los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
Oficialmente, la misión del DIF es brindar servicios de asistencia social oportunos, eficaces, equitativos, humanitarios y de calidad que coadyuven al mejoramiento de las condiciones adversas de la población desprotegida, y en 2014, en la presentación del Código de Conducta del organismo, la Dirección General a cargo de Astrid Elías Mansur señaló que quienes trabajan en el Sistema deben ejercer sus funciones “con legalidad, responsabilidad, transparencia y honradez, concientizándonos de brindar y ofrecer una atención con calidad a la población más desprotegida”.
La acción de la PGR es la más clara señal de que nunca estuvieron dispuestos a cumplir lo que recomendaban que se hiciera. La expresidenta está prófuga, la exdirectora prácticamente huyó dejando el cargo, y el exDirector de Administración del Sistema está inhabilitado para ejercer cualquier función pública señalado por actos de corrupción, aunque se cobija en el fuero que le da ser diputado federal y protegido por el gobierno federal y su partido el PRI.
Y sobre la Secretaría de Salud, ¡oh Dios misericordioso!, cuánta actitud irresponsable, insensible, cuánto daño a tantos en tan poco tiempo, que bien podríamos estar ante un caso de crímenes de lesa humanidad, porque se dispuso del dinero que estaba destinado para atender y tratar de curar a los menesterosos afiliados al Seguro Popular, el Seguro Social de los pobres, pero también a la población de clase media sin acceso a la seguridad social de las grandes instituciones como el IMSS o el ISSSTE.
El martes pasado fuimos testigos de cómo, durante la comparecencia del Secretario de Salud Fernando Benítez Obeso con motivo de la entrega del sexto y último Informe de Gobierno, el lodazal de la corrupción que envuelve a esa dependencia salpicó a todo el Congreso local y quedó al desnudo el estado agonizante de los servicios de salud dependiente del gobierno del Estado y de programas con recursos federales, a causa de que un grupo de ladrones investidos de funcionarios utilizó el dinero para su provecho personal.
Unos por acción y otros por omisión (Juan Antonio Nemi Dib, extitular de la dependencia hace señalamientos directos que debieran ser investigados), hay muchos responsables que en otro régimen como el de China, los que estaban en el Congreso de ahí hubieran salido directo al paredón o mínimo a una prisión, pero todo quedó en un mar de justificaciones tratando de echarle la culpa a otros, y no pasó nada porque, por si fuera poco, una de las presuntas corresponsables, Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente de los trabajadores del sector, es flamante diputada local priista.
Si la justicia persigue a Javier Duarte de Ochoa (quién sabe por qué su esposa también huye y se esconde con él) por actos de corrupción que tienen escandalizado a todo el país y que han impactado en el extranjero (la prensa británica, la española y la norteamericana se han hecho eco del escándalo), tan sólo haber permitido que se atentara contra la salud y la vida de tantos sería suficiente para refundirlo de por vida en la cárcel y ser juzgado con la mayor severidad.
La asistencia social y la atención a la salud de los pobres y de los extremadamente pobres deben ser, son áreas sagradas de todo gobierno. Sus programas y sus recursos deben ser intocables. Se trata de vidas humanas, muchas veces de casos de vida o muerte (como los niños enfermos de cáncer o las personas afectadas por el sida), y por eso todos los responsables de lo que pasa en el DIF y en la Secretaría de Salud no tienen perdón.
Lo repito. Sorprende que no obstante todas las evidencias, hasta ahora no haya un solo responsable castigado, detenido, en la cárcel. Muchas víctimas de ellos ya están bajo tierra, otras, condenadas a sufrir secuelas por el resto de sus días porque no tuvieron la medicina adecuada y a tiempo o porque no pudieron ser intervenidas quirúrgicamente en forma oportuna por la falta de equipos. ¡Viva el reino de la impunidad!
La “licuadora”
Interesante lo que dijo ayer en la Legislatura Tomás Ruiz de que él no encendió la “licuadora” en la Secretaría de Finanzas y que cuando vio el desorden y el desastre que se venía prefirió renunciar. Ya habrá tiempo para comentar al respecto… Anoche mis vecinos trabajadores de la Casa Veracruz seguían esperando su pago… También empleados administrativos del CDE del PRI me enviaron un texto quejándose de que no les han pagado la primera quincena de noviembre y que les argumentan que la Secretaría de Finanzas no ha entregado las prerrogativas al OPLE. Amenazan con salir este jueves a protestar a la calle… En el PRD estatal están a la defensiva. Señalan que Elías Miguel Moreno Brizuela, Enrique Romero Aquino, Fredy Ayala y Humberto Cervantes están dolidos porque en el pasado proceso electoral se la jugaron con Javier Duarte y ahora que su partido llega al poder con el PAN han quedado excluidos. Respiran por la herida, dicen.
