Agustín Contreras Stein
NO HACE MUCHO, todavía, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, era un personaje agobiado por las circunstancias políticas.
Hoy, él mismo quiere contribuir a la construcción de un escenario político que sirva para resolver, sobre todo, el asunto de la sucesión.
Y es que no podría ser de otra manera. El Ejecutivo estatal sabe bien que no es peleando como se arreglan las cosas. También tienen que ver mucho las estrategias políticas y todo parece indicar que a eso está apostando.
Antes de su quinto informe, Duarte de Ochoa se apresura a recomponer, también, la situación económica del estado, es decir, canalizar las finanzas, de tal manera que los veracruzanos comiencen a recibir las buenas noticias en este sentido.
La iniciativa gubernamental recientemente presentada ante el Congreso local tiene, sin duda, estos motivos. Primero, buscar la forma de pagar, dice el mismo gobernador, cuando menos el 90 por ciento de la deuda que tiene su administración, lo que significa, aunque muchos lo nieguen, que comienza un nuevo rumbo, casi en su fase final de su Gobierno.
Ha vuelto, de alguna manera, la calma y desaparece momentáneamente la preocupación, el nerviosismo, y la desesperación de muchos empresarios de la entidad y de fuera que han estado gestionando, permanentemente, el pago de sus servicios, porque, bien lo dijo el Ejecutivo Estatal, se buscará, también, de esta manera, cumplir con los proveedores y con quienes se ha estado enfrentando el Gobierno por la falta de pagos.
Así es que, el gobernador del estado inicia la reconstrucción del escenario administrativo y consecuentemente, del político, porque en la actualidad ambos cuentan y mucho.
HAY QUIENES deben estar pensando que Ricardo García Guzmán, contralor general del estado, cedió ante las presiones de los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del Estado para que no fueran tocados, después de haber sido señalados como presuntos responsables, en gran parte, del caos económico que vive la administración pública estatal.
No es así.
Resulta que sus conclusiones fueron puestas a consideración de quien tiene la obligación de perseguir a los responsables de estos actos. Con sus informes, después de las auditorías correspondientes, se integraron los expedientes y están ahí, para cumplirse al pie de la letra en el momento que se requiera.
García Guzmán cumplió con su cometido, revisando cuidadosamente los documentos que prueban la culpabilidad de los acusados. Después, es otra cosa, pues no es autoridad judicial para ir tras los culpables.
Lo que sí es cierto, que aún no revelados, sus informes deben contener datos importantes para poder actuar en contra de muchos de estos exfuncionarios, pues de lo contrario, ni siquiera los nombres se hubieran dado a conocer, considerándose la secrecía de las investigaciones correspondientes.
Aunque para muchos analistas de esta situación los responsables han sido perdonados, la acción penal queda pendiente.
El contralor, por su parte, hizo el trabajo que se le encargó. Lo hizo bien y lo sabe quien manda en Veracruz, el que, sin lugar a dudas, ordenó las investigaciones y sobre todo, el susto de muchos que se han beneficiado de las arcas gubernamentales.
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