Miguel Carbonell
Columnista invitado
En materia de prevención y combate a la delincuencia, vamos como los cangrejos: caminando hacia atrás, retrocediendo en uno de los temas claves para el presente y el futuro del país.
Los datos dados a conocer por el Inegi como resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2015), en la cual se contienen los resultados correspondientes al año 2014, no nos permiten ser optimistas. Se trata de una encuesta anual que en este año llegó a su quinta edición, de modo que ya existe la posibilidad de trazar un recorrido histórico sobre sus resultados.
En 2010 hubo en México un estimado de 18.1 millones de víctimas del delito; para 2014 fueron 22.8 millones. En 2010 hubo 23 mil 993 víctimas del delito por cada 100 mil habitantes; en 2014 fueron 28 mil 200.
El costo de la violencia y la inseguridad es enorme para el país. El Inegi lo ubica en 226 mil millones de pesos, equivalentes a 1.27 por ciento del PIB. Con ese monto de recursos se podrían crear y financiar casi siete universidad como la UNAM… cada año (!!!).
La entidad federativa que trae peores resultados es, de nuevo y como en años anteriores, el Estado de México, en donde el 45 por ciento de sus habitantes fueron víctimas de la delincuencia en 2014. Los estados más seguros (o con menor percepción de inseguridad por lo menos) son Campeche, Yucatán y Aguascalientes. En promedio, a nivel nacional, 73 por ciento percibe inseguridad en la entidad federativa en la que vive (aunque esa cifra se eleva a 90 por ciento en el caso del Estado de México, a 88 por ciento en el caso de Tabasco y a 86 por ciento en el caso de Tamaulipas).
El problema mayúsculo es que la mayor parte de los delitos ni siquiera son denunciados. La llamada “cifra negra”, es decir el número de delitos que no son denunciados alcanza 92.8 por ciento del total de delitos cometidos. Y para que no haya duda, el Inegi señala que las causas por las cuales las víctimas del delito no denuncian “son atribuibles a la autoridad”.
La encuesta reporta datos todavía muy altos de homicidios en Chihuahua (46 homicidios por cada 100 mil habitantes), Guerrero (48 por cada 100 mil) y Sinaloa (38 por cada 100 mil), muy por arriba del promedio nacional que es de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes.
La alta prevalencia delictiva es resultado, en parte, de la gran cantidad de armas de circulan en nuestras calles. En 48 por ciento de los delitos cometidos se utilizó algún arma (dato que se eleva hasta 69 por ciento en el caso del Estado de México, de nuevo el peor calificado en este punto a nivel nacional).
Además, la delincuencia surge en un entorno social muy permisivo respecto a conductas que generan una convivencia poco armónica entre las personas. El 64 por ciento de los encuestados reporta que en su lugar de residencia se consume alcohol en la calle, 45 por ciento afirma que existen robos o asaltos frecuentes, 43 por ciento señala que se consume droga y 32 por ciento nos alerta sobre la existencia de pandillerismo o bandas violentas. No se trata de escenarios en los que la vida sea idílica o paradisiaca, sin duda alguna.
Todos los datos que se han citado nos permiten afirmar que, en materia de prevención del delito vamos en franco retroceso o hemos avanzado muy poco. La responsabilidad por ese fracaso es compartida entre los distintos niveles de gobierno. En parte el fracaso se puede atribuir al gobierno federal, pero también en muy alta medida han sido negligentes e incapaces los gobiernos estatales (incluyendo desde luego al del DF, que trae muy malos datos) y hasta los municipales. ¿Hasta cuándo se los vamos a seguir permitiendo?
Twitter: @MiguelCarbonell
