Miguel Carbonell
Columnista invitado
Uno de los temas más abandonados del sistema jurídico mexicano es el que se refiere a la investigación científica de los delitos. Mientras que en muchos países las responsabilidades penales se determinan con base en elementos científicos que arrojan un altísimo grado de certeza, en México el desarrollo de los servicios periciales de apoyo al trabajo de las procuradurías y de la defensa penal es muy precario.
El informe rendido por la comisión internacional de expertos en el caso Ayotzinapa nos pone frente a la evidencia de que, si no tenemos elementos de prueba sólidamente basados en conocimientos científicos, cualquier caso se puede caer.
No se trata solamente del debate alrededor de si hubo o no hubo incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, sino de la forma en que se recaban, procesan y analizan las pruebas e indicios por parte de la policía y de las procuradurías en México.
Nuestras deficiencias son tan grandes que hasta tuvimos que pedir ayuda a una universidad austriaca para poder identificar el ADN de ciertos restos que, al parecer, la autoridad identifica como los que corresponden a los 43 normalistas de Guerrero.
Ahora bien, la pregunta que conviene formular es la siguiente: Si en un caso de tanta relevancia como el de los 43 normalistas se pone de manifiesto la tremenda incompetencia de las autoridades para aportar una historia creíble y basada en evidencias sólidas, ¿qué podemos esperar que ocurra en los casos que resuelven cotidianamente las procuradurías, que no generan ningún tipo de atención mediática y en los que con frecuencia se pueden producir hechos de corrupción?
El resultado es bastante conocido para los abogados penalistas: en la cárcel están las personas pobres, que no pudieron pagar buenos abogados o no tuvieron contactos para evitar su encarcelamiento. Mientras tanto, en la calle siguen miles y miles de sujetos que han cometido un delito, pero que supieron a tiempo salirse con la suya gracias a los enormes problemas de la justicia mexicana.
Ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en todo el país a partir de junio del próximo año, es indispensable fortalecer las áreas de servicios periciales y capacitar a la policía para que aprenda a preservar la escena de los hechos, evitando contaminarla, y de esa forma pueda identificar los indicios que siempre dejan los criminales. Esa preservación es indispensable para que se pueda construir una adecuada “cadena de custodia”, que es lo que exige la ley para poder considerar como válido un indicio hallado en la escena de un hecho posiblemente delictivo.
Solamente si contamos con investigación científica del delito evitaremos escenas pavorosas como las que hemos visto a partir de las distintas versiones que los “expertos” nos ofrecen sobre el caso Ayotzinapa. ¿Cómo es posible que ni siquiera pueda haber certeza científica en un caso en donde están en juego tantas cosas? Tal parece que, entre las partes que están investigando el caso, se promueve abiertamente una especie de “guerra de expertos”, cuyo objetivo es desacreditar la investigación ajena y poner en entredicho cualquier tipo de avance logrado.
El escenario que tenemos a la vista es que hoy en día nadie puede saber con certeza qué pasó en Iguala, durante esa trágica noche en la que además del destino de 43 jóvenes estudiantes, también se le perdió el rastro a la de por sí ya muy poca credibilidad de nuestras instituciones de justicia.
@MiguelCarbonell
