Javier Tejado Dondé
Columnista invitado
Con la reforma electoral del 2014, el INE tuvo —entre otros— un nuevo mandato: la fiscalización oportuna de los gastos en campaña. En la Constitución y en la Ley se plasmó que si un candidato ganador rebasaba significativamente el tope de gastos de campaña o utilizaba recursos ilícitos, su triunfo no debería valer. El propósito era sencillo: evitar que quienes ganaron una elección con ventajas indebidas asumieran el cargo. Ese fue el corazón de la reforma en materia de fiscalización.
Los resultados de la fiscalización del INE debieron estar antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) “califique” la elección. Esto es, antes de que el TEPJF dé los resultados finales de quiénes integrarán la nueva Cámara de Diputados.
Pero los nuevos diputados federales tomarán posesión este sábado y el INE no pudo cumplir con su misión. Esto, pues el Tribunal Electoral ya sentenció, de manera definitiva, que el INE no resolvió las denuncias por rebase de topes de gastos de campaña.
Incluso, en el comunicado 279/2015, el Tribunal Electoral señala que su Pleno “determinó que la autoridad administrativa no fue exhaustiva en la valoración de las pruebas, por lo cual se revocaron las resoluciones respectivas…” y que “el rebase del tope de gastos de campaña no puede, en esta ocasión, ser considerado como causal de nulidad de la elección, porque hasta este momento no existe la verdad legal, definitiva, de lo que ha sucedido con los gastos de campaña en las respectivas elecciones”.
Esto dejó a 79 candidatos ganadores con procedimientos abiertos, pero ya no perderán su triunfo, aun y cuando se les compruebe que hicieron trampa con recursos de quién sabe qué fuente de financiamiento. Con esto, el propósito de la reforma constitucional se incumplió.
¿Cómo llegamos a este incumplimiento? Primero, el INE retrasó la modificación o adecuación de diversos reglamentos para hacerlos vigentes con la nueva legislación electoral. Segundo, a pesar de que la toma de protesta de los nuevos consejeros del INE fue el 4 de abril de 2014, no fue sino hasta el 30 de septiembre —casi seis meses después de su llegada— que el INE asignó a una empresa (SACYTL) el proyecto de fiscalización en línea. Proyecto que como sabemos fracasó en diciembre de ese mismo año.
Muy claramente la Constitución colocó el tema de la fiscalización en un lugar especial dentro de la reforma electoral. No obstante ello, la Comisión de Fiscalización del INE, a cargo de Ciro Murayama, actuó con dilación inexplicable para vigilar e investigar oportuna y eficientemente las quejas de gastos excesivos. Y también hubo un manejo errático y opaco de recursos pues, para intentar tener un sistema de fiscalización “casero”, utilizaron recursos de la Unidad de Servicios Informáticos, lo que no está transparentando. Esta dilación y errores implican una responsabilidad política y administrativa.
El retraso y la inexistencia de un sistema en forma provocó una fiscalización que se quedó corta y unas investigaciones deficientes y lentas ante las quejas interpuestas. Finalmente, lo que es incontrovertible, es que existe una sentencia del Tribunal que provocó que la causal constitucional de anulación por rebase de topes de campaña, fuera inaplicable para el proceso electoral de 2015.
El INE hace muchas cosas bien. En ésta falló e incumplió la Ley. No le queda estar buscando excusas. Le falta ponerse a trabajar y mejorar su sistema de fiscalización para que dejen de tener herramientas inservibles. También le falta un poco más de transparencia para explicar el manejo de sus recursos, sobre todo ahora que está pidiendo 15 mil 473 millones de pesos para el 2016.
Twitter: @JTejado
