Alejandro Hope
Columnista invitado
La semana pasada Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, presumió una supuesta disminución de 18% en la incidencia delictiva en su entidad.
No está sólo en el club del triunfalismo. Declaraciones similares han realizado en fechas recientes los gobernadores de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Tabasco y Morelos. Y si se incluyen afirmaciones públicas de procuradores o secretarios de seguridad pública, casi no hay gobierno estatal que no alardee una reducción, a veces dramática, de los índices delictivos.
El asunto no se limita al ámbito estatal. Hace poco, el secretario de Gobernación aseguraba que “nuestro país está en los mejores niveles de seguridad de los últimos diez años”.
Todas esas afirmaciones tienen una misma fuente: las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Todas parten de un mismo error categórico: suponer que la evolución de las denuncias es indicativa de la evolución de los delitos.
No está de más recordar que 94% de los delitos en México no se denuncian. Más importante, esa cifra negra ha ido creciendo al paso de los años. Entre 2010 y 2013, el número de denuncias de delitos del fuero común, reportado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disminuyó 1.5%. En el mismo periodo, el número de delitos capturados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) creció 43%.
Si se extiende el horizonte temporal, es impresionante la estabilidad de las denuncias. En 1997 se abrieron a nivel nacional 1.49 millones de averiguaciones previas por delitos del fuero común. En 2014, el total llegó a 1.59 millones, apenas 6% más. En el periodo 1997-2014, las denuncias nunca rebasaron 1.73 millones por año y nunca cayeron por debajo de 1.37 millones.
Piénsenlo de otro modo: entre 2007 y 2011, el número de homicidios se triplicó en México, de acuerdo a cifras del INEGI. En ese periodo de explosión de la violencia criminal, ¿cuánto aumentaron a nivel nacional las denuncias por delitos del fuero común? Menos de 9%.
En resumen, desde hace casi dos décadas, las cifras de incidencia delictiva reportadas por las procuradurías no dicen nada sobre la evolución del delito (con la excepción del homicidio, ilícito en el cual la cifra negra es mucho más baja).
Y eso tiene consecuencias. La población queda desprovista de información para exigir cuentas. Las instituciones de seguridad y justicia, por su parte, operan a ciegas: no saben cuándo, cómo, dónde y por qué suceden la gran mayoría de los delitos.
Necesitamos más denuncias, no menos. Pero eso no va a ocurrir mientras los principales actores políticos se sigan vanagloriando de disminuciones en el número de averiguaciones previas (en delitos distintos al homicidio, valga la reiteración). Cuando eso sucede, la instrucción a los operadores del sistema de seguridad y justicia es clarísima: disuadan la denuncia. Y, como bien sabe quien quiera que haya tenido contacto con el Ministerio Público, eso es precisamente lo que pasa.
¿Cómo modificar el comportamiento de políticos, fiscales y policías? Transformando como se reciben las cifras del delito en los medios y la sociedad. La disminución de denuncias debe ser tratada como lo que es, como la demostración de la pérdida de confianza en las instituciones. Y quien la presente como señal de eficacia debe ser objeto de denostación, no de aplauso.
Al revés, pedir resultados no es pedir menos averiguaciones previas. No podemos seguir midiendo a la autoridad con esa vara. Debemos exigir cifras que se acerquen a la verdad, no que reconforten artificialmente. Más denuncias, no menos. Ese es el mantra.
@ahope71
