Por Edgar Hernández*
Se formaliza el derrumbe de la de dos.
El jefe del ejecutivo estatal, Javier Duarte, enviará al Congreso del estado una propuesta de modificación al mandato constitucional que impone un próximo gobierno de dos años por uno de cinco por ocasión única.
No se necesitará derogar la ley recién aprobada enviando una nueva iniciativa que sólo entraría en dos periodos legislativos que imposibilitarían su aplicación para el 2016 por los tiempos electorales que la hacen inviable.
El tema es que en estricto apego a la Reforma 116, fracción IV, inciso G de la Constitución General de la República, es posible corregir la iniciativa hecha ley por un mandato de cinco años a partir de 2016.
Habrá que insistir que no es necesario enviar otra iniciativa de reforma constitucional sino proponer al cuerpo legislativo apruebe la modificación al articulado ya aprobado y publicado en la Gaceta Oficial.
Se cumple así la instrucción presidencial de echar abajo la gubernatura de dos años e imponer una de cinco años como requisito para homologar los periodos electorales de Veracruz con los federales.
Esta adecuación legislativa, sustentada jurídicamente para proponerla al Congreso del estado, fue encargada de manera directa por el gobernador Javier Duarte al prestigiado jurista Emeterio López Márquez, quien la estudió y concluyó en un documento cuya información fue deslizada desde su oficina a este reportero y no precisamente por él.
El original del documento que contiene la propuesta constitucional ya está sobre el escritorio del gobernador, quien habrá de esperar dos momentos:
1. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamine sobre el amparo interpuesto por el diputado federal panista Juan Bueno Torio, en torno a una gubernatura de dos años que considera “violatoria a los derechos humanos” y,
2. Que la Controversia Constitucional interpuesta por el partido Movimiento Ciudadano, que lidera Dante Delgado Rannauro, se venga abajo al no estar jurídicamente sustentada.
Ello sucederá, según adelantó la propia SCJN, antes de que finalice junio para que se realice la aplicación correspondiente de parte del gobernador Duarte.
En cuanto a la justificación del porqué del nuevo cambio, el documento que se enviará al Congreso local se sustenta en la nueva realidad que vive Veracruz en el marco de la crisis económica producto del quebranto financiero que confronta la federación a raíz de las presiones internacionales, la baja en el precio del petróleo y la productividad en virtual recesión.
Una gubernatura de dos años representa un “gasto financiero” que rebasa la capacidad de atención del propio gobierno del estado y las autoridades electorales, mismo que de mantenerse se polarizará a la vuelta de 24 meses en que de nueva cuenta tendría que convocarse a una nueva jornada electoral para renovar la primera magistratura estatal.
Ello representaría un costo superior a los tres mil 500 millones de pesos que difícilmente se podrían erogar.
Por lo que toca al juego de poder, en lo político un gobierno de cinco años habrá de representar la recomposición del gobierno ya que de entrada limita a los aspirantes de la fidelidad a jugar ante el fracaso de construir al candidato duartista y eventual gobernador de dos años, un traje a la medida que fuera garante de la transición sin desgarres y fin a un cuestionado régimen sin “barrer para atrás”.
Así, un próximo gobierno de cinco años reduce las posibilidades de juego de Alberto Silva, Erick Lagos y Jorge Carvallo aun cuando en la reciente elección de diputados federales alcanzaron copiosas votaciones, mas no la presencia estatal para jugar contra los Yunes, que si la tienen,
Y sí coloca a Héctor Yunes Landa, José Francisco Yunes Zorrilla y Miguel Ángel Yunes Linares, en la puja por un gobierno de 5 años en donde ya se observa domina el apellido “Yunes”.
Yunes en las boletas electorales provocarán por un lado, confusión en las urnas y por el otro la imposibilidad de vencer a tres capitales políticos prácticamente unidos.
De los enunciados a jugar por una gubernatura de cinco años habrá que distinguir a los tres Yunes que siempre se opusieron a la de dos y en paralelo habría que destacar el pacto entre Pepe y Héctor.
Ambos coinciden en respetar y mantener vigente el acuerdo que signaron de manera no escrita pero en estricto respeto a la palabra quien llegue –Héctor y Pepe y/o Pepe y Héctor- habrá de entregar todo su capital político y sumarse.
Ya gobierno los Yunes seguirán trabajando de la mano considerando asimismo que Miguel Ángel Yunes respetará el acuerdo político y seguirá en su quehacer político pero ahora en favor de cualquiera de sus dos hijos, Fernando o Miguel Ángel.
Para la transición habrá que considerar además que la consigna para quien asuma la jefatura de un gobierno de cinco años a partir del primero de diciembre del año próximo en base al mandato federal, será detener en seco la corrupción.
Habrá de encaminarse el nuevo gobierno al arranque a un juicio final en contra de los saqueados de Veracruz.
Queda claro pues a los nuevos actores de la sucesión que para legitimar un nuevo gobierno de cara a la irritación social y la exigencia de justicia y aplicación de la ley de todo un pueblo, será necesario un acto de fuerza legal, un golpe de timón que lleve a la cárcel a quienes provocaron quebranto al patrimonio estatal y federal.
Tras la entrega de los “Libros Blancos” que ya prepara el gobierno saliente un equipo de actuarios y contadores con apoyo de la federación iniciará la minuciosa revisión a las cuentas públicas en la idea, tal como ya adelantaron Héctor y Pepe Yunes, que la cárcel no basta, “tienen que devolver lo que se llevaron”.
Así, tras la eventual aprobación de una gubernatura de cinco años habrá de iniciarse la transición hacía el fin de un gobierno atípico y cuestionado, particularmente en este cierre en donde no le cuaja la de dos como muchos proyectos que se le quedaron en el tintero.
El final se acerca ya.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
