Manuel Zepeda Ramos
Una vez más
Revisemos. ¿Alguien tiene duda de la versión que da el Procurador General de la República acerca del terrible y espeluznante desenlace de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero?
¿Alguien cree que Jesús Murillo Karam falta a la verdad cuando expone públicamente, paso a paso, con testimonios de bárbaros asesinos inmutables, el desenlace fatal que llevó a asesinar, incinerar, para después arrojar los restos calcinados de los estudiantes al río San Juan?
Yo no.
Digo más. La investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República ha sido exhaustiva, como lo amerita un caso tan delicado como el de los estudiantes normalistas desaparecidos que ha puesto a nuestro país en los medios de comunicación internacionales. Los funcionarios que han dado la cara por parte de la institución federal saben de lo hablan y lo hacen de manera profesional. Lo dicho por el Procurador respecto a que nunca en la historia de México se había llevado a cabo una investigación tan intensa y numerosa en cuanto a participación de profesionales nacionales y extranjeros en un hecho tan lamentable como este, que involucra a poderes municipales electos democráticamente pero claramente vinculados con el crimen organizado, refleja el deseo de las autoridades federales por aclarar, hasta sus últimas consecuencias, tan atroz crimen.
Hay culpables confesos, algunos cínicamente y diabólicamente confesos. Falta atrapar algunos prófugos que pronto -ese es el deseo de las autoridades-, habrán de ser aprehendidos. Por eso el caso no se ha cerrado, hasta llegar a las últimas piezas que faltan.
También digo que no se vale lucrar con el dolor humano. No se vale que el seductor lenguaje de la política electoral llegue a los deudos de manera irresponsable para despertar en ellos expectativas que nunca habrán de cumplirse. Es doloroso ver en la televisión nacional a madres indefensas que están convencidas que en algún lugar del territorio nacional se encuentran sus hijos atrapados. Eso es infamia pura de quienes quieren obtener votos a costa de vender expectativas que la inmensa mayoría de mexicanos saben que nunca llegarán. Esta infamia, para los creyentes, se paga en el infierno eterno.
Tampoco se vale lucrar a nombre del dolor humano. Desde la tragedia, los redentores que defienden a los desaparecidos han ido creciendo paulatinamente. No hay día y otro también, sin que las casetas de cobro de las autopistas de varias partes del país sean tomadas por embozados sin pudor alguno quienes, sin pudor alguno también, piden dinero para “la lucha por Ayotzinapa” a quienes necesitan hacer uso de la vía rápida. Esa acción, que para los que la ven todos los días ya pasa desapercibida, por costumbre de ver todos los días lo mismo, es un delito federal que debería perseguirse, además de ser un auténtico robo al erario público y a los capitales privados de quienes tienen en operación carreteras de cuota porque las construyeron bajo ese principio de recuperar la inversión con los pagos de quienes las transitan.
Afortunadamente, a medida que pasa el tiempo, poco a poco se va poniendo orden en eso de las tomas de las casetas de cobro. La Policía federal, en los últimos días, ha impedido estas acciones fuera de la ley a nombre de los desaparecidos. El colmo fue hace unas horas cuando una camioneta con pelafustanes a bordo, camioneta sin placas, se plantó ante una caseta para hacer la chamba cotidiana de cobrar sin trabajar. Los federales lo impidieron. Entonces, cuando pidieron los papeles del vehículo sin éxito alguno porque no los tenía, que se pelan en una fuga peliculesca porque la policía con sus patrullas fue tras ellos. Los atraparon y los mandaron a la PGR de Chilpancingo. Al poco rato, una centena de jóvenes enmascarados, como ya es costumbre de nunca dar la cara, se presentó para protestar por “tamaña violación a los derechos humanos”. Una hora después, los jóvenes que se dieron a la fuga en un vehículo sin placas y sin papeles, chueco pues, que fueron detenidos en flagrancia por lo que les resultan cargos evidentes de violación de las leyes existentes, fueron liberados sin mayor trámite convirtiéndose en un triunfo de quienes protestan por los desaparecidos. Los detenidos salieron con la cara cubierta y, en un autobús de los muchos que diariamente secuestran, partieron hacia sitio desconocido.
Esto que acabo de contar debe ya de terminar, por el bien de la nación.
Se está creando entre la clase media mexicana que no está de acuerdo en estas acciones –cuya cantidad en el país nos sorprendería al saber que son muchos y que están de acuerdo en poner orden cuanto antes en estos casos que no deben de seguir sucediendo–, la sensación de incapacidad de las autoridades poner orden en asuntos que son de la vida cotidiana, del orden que una nación exige, del Estado de Derecho necesario para avanzar hacia las metas trazadas.
El asunto de Ayotzinapa es un caso resuelto; tristemente resuelto. El órgano de aplicación de la justicia actuó bien, de manera profesional ante tamaño reto.
El país debe de seguir avanzando.
No podemos estar atados, a lo que los partidos de oposición ven en la tragedia terrible, a un gran botín político de donde sacar raja electoral en el junio próximo. Los partidos políticos deben trabajar con mejores argumentos, no con reclamos a costa del dolor humano.
Respetemos a los muertos y a sus deudos.
¡Hagámoslo!
Todo por el avance democrático de México.
