Por Juan Carlos Castillejos Castillejos
Hace unos días el presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, se quejaba ante los medios de comunicación y ante la opinión pública de que los abogados laboralistas tratan de resolver bajo la presión y la movilización los laudos supuestamente ya ganados en los tribunales laborales del estado.
Este tema tiene por supuesto varias aristas que las autoridades municipales y estatales de todo el país deben de revisar, para que la deuda de los gobiernos en todos los niveles no afecten la de por sí maltrecha economía de los gobiernos y que afectan la falta de obras o servicios, veamos:
Cada vez que un gobierno en los tres niveles de gobierno en el pasado era sustituido, ya sea por una renuncia, licencia o terminación de su periodo para el cual fue electo o designado, quienes entraban tenían compromisos económicos o políticos que estaban obligados a cumplir, y normalmente toda la plantilla laboral de esa autoridad era sustituida, es más los titulares de todas las áreas al momento de efectuar sus actos de entrega-recepción, dentro de los documentos que entregaban estaban las renuncias de todos sus subalternos, sobre todo del personal no sindicalizados, es decir los trabajadores de confianza que el funcionario había invitado a trabajar con él.
Sin embargo, poco a poco lo anterior fue cambiando, y los funcionarios que dejaban sus cargos ya no podían obligar a sus subalternos a entregar sus renuncias y los nuevos funcionarios se fueron encontrando con personal que no era de su confianza ocupando áreas estratégicas y tampoco podía cumplir sus compromisos económicos, políticos y hasta familiares; lo cual empezó a provocar serios conflictos laborales en todas las áreas de la administración que terminaron en los tribunales laborales o en el peor de los casos, la carga laboral aumentó convirtiendo a los gobierno de estos tres niveles, Federal, Estatal y Municipal, en una simple agencia de colocación y aumentando el gasto corriente y disminuyendo el gasto de inversión que normalmente se debería de usar para atender las demandas de obras y servicios por parte de los ciudadanos, que somos quienes pagamos esos gastos, vía impuestos.
Ahora bien, el tema de los pleitos laborales no solo terminó de manera normal en los tribunales, muchos de los que eran renunciados o destituidos, para dar lugar a los compromisos de los funcionarios, varias veces al hacer la amenaza de las demandas laborales fueron o liquidados con grandes cantidades de dinero o removidos a áreas inventadas solo para tenerlos ubicados en algún lugar sin hacer nada, pero devengando un buen salario, pocos casos fueron los que aceptaban su renuncia de manera voluntaria con una liquidación conforme a la ley, saliendo esos recursos de las arcas gubernamentales.
Pero esto en realidad es lo menos grave porque hay muchísimos casos que tienen otro cariz, que últimamente es lo que más se presenta, en la que presentan actos de corrupción y negligencia que deberían de ser castigados, pues existen un sinfín de casos, donde abogados y funcionarios integrantes de las administraciones gubernamentales se coligan con los despachos de abogados, para que los gobiernos de los tres niveles pierdan los juicios laborales terminado las autoridades erogando grandes cantidades de dinero, dañando siempre las tesorerías.
¿Cómo actúan estos funcionarios y abogados?, todo es muy simple, los abogados o representantes jurídicos de la administración gubernamental defienden los juicios laborales sin buenos argumentos o incluso se presentan casos donde los abogados del gobierno no asisten a los juicios o llegan tarde, usando cualquier pretexto, y los tribunales dictan el laudo a favor de los trabajadores demandantes, pero por supuesto que no lo hacen así en todos los casos, sino solo aquellos donde el monto económico a cobrar por el demandante es suficiente, para que se haga una gran distribución del efectivo entre todos los involucrados y en la mayoría de los casos, el que menos recursos termina recibiendo es el trabajador.
Muchas veces la autoridad gubernamental decide regresarle su empleo al trabajador demandante, pero esa propuesta jamás es hecha ni siquiera por el abogado del gobierno, pues eso no les daría la oportunidad para agenciarse de esos recursos económicos. Es más, se han presentado eventos que el anterior abogado del gobierno se convierte en el abogado que litiga en contra de su expatrón, pero más grave aún es cuando el jurídico del gobierno usa su despacho particular para litigar en contra de su propio patrón.
Lo anterior descrito no puede ni debe seguir así, y los legisladores tienen la obligación de hacer una revisión exhaustiva de ese tema, para ayudar a sus representados de cada municipio, estado y país, a que no se siga dañando la economía de los gobiernos que vía impuestos y derechos son pagados por los ciudadanos en beneficio de abogados, despachos y tribunales laborales.
En cuanto al alcalde Ramón Poo Gil, pues una invitación a cuando menos hacer también una revisión exhaustiva con buenos abogados, de cada proceso que se sigue en los tribunales laborales para que el Ayuntamiento que preside no siga gastando grandes cantidades de dinero, para pagar juicios laborales arreglados y que servirían para hacer más obras, y atender más necesidades de la gente. Al Tiempo.
