POLIANTEA
La Pena Capital
Rubén Pabello Rojas
La muerte de un connacional, Edgar Tamayo, en la Unión Americana, en el Estado de Texas, antes Tejas, ha removido nuevamente la gran polémica acerca de los motivos y justificaciones para ejecutarla, en casos extremos, por un sistema legal cuyo titular es el Estado nacional que la aplica, en función de su potestad como depositario del monopolio de la violencia jurídica a este atribuida.
Secular es la discusión de si es ética o moral, si es disuasiva o si es simplemente una forma brutal de castigar a quien se coloca en la hipótesis que la ley penal establece para sancionar a quien, en casos específicos y trascendentales la infringen.
Siglos y más siglos tiene de aplicarse en diferentes sociedades y países. Su ejecución varía en la forma pero siempre el fin es el mismo, privar de la vida a una persona que ha violentado alguna disposición de orden legal, previamente sancionada con esa bárbara punición. Un caso patético y dramático reciente fue la ejecución a muerte por ataque de fieras, del vicepresidente de Corea del Norte, Yang Song-Thaek, ordenada por su sobrino, Kim Jong-Un, actual dictador de ese increíble país asiático.
En este artículo no se analizarán los argumentos en que se sustenta tan irreparable pena. Se enfoca más bien a los efectos que desde el orden jurídico internacional en que se encuadra, provoca al desatenderse por parte de un estado de la Unión Americana. Transgrede impunemente sin que exista poder humano que haga respetar los convenios celebrados por naciones soberanas en organismos que tienen jurisdicción entre los diversos países signantes.
El caso del Estado de Texas, que desobedeciendo esas obligaciones vinculantes, del país al cual se encuentra federado, habla de una infracción flagrante al código internacional en que está suscrita la obligación de respetar las resoluciones que, de acuerdo con sus regulaciones, obligan a cumplir los estados integrantes.
La Constitución Mexicana, en su artículo 22 dispone que “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Obviamente dentro del debido proceso penal judicial.
En el caso particular de Edgar Tamayo, al igual que otros anteriores en que se ha ejecutado a mexicanos, no han valido las impugnaciones ni las peticiones de clemencia ni, en el colmo, la aceptación de haber roto la legalidad al no observar el “debido procedimiento”, concretamente al no notificar ni permitir una defensa jurídica a que, en este caso, tenía derecho el condenado a la tremenda pena capital, contra la cual, ejecutada, no hay recurso que hacer vale aún en el caso de la muerte de un inocente, como ya ha sucedido.
Las reiteradas violaciones a convenios específicos en este tema por parte de los texanos, coloca a su gobernador, Ricky Perry, como el campeón de la aplicación de la pena capital con más de doscientas durante su mandato, lo que lo ha situado con la triste fama de ser el mayor “asesino en serie” de los funcionarios en Estados Unidos.
Cabe decir que numerosos países conservan dentro de su régimen interior la pena de muerte, pero de los países más avanzados, líderes regionales y globales, solamente Estados Unidos y Japón la mantienen vigente. Los demás son naciones de Medio Oriente, Asia, África y algunas partes de la gran Oceanía.
En aparente contradicción, el Departamento de Estado Norteamericano lamentó, impotente, la decisión del estado de Texas a pesar de recursos legales y protestas callejeras y de otras instituciones y principalmente del Gobierno de México. Censuras y lamentos del gobierno americano que más parece una burla agregada al drama, que una verdadera medida eficaz contra lo que censura.
No tardaron el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Extranjeros y Política de Seguridad, en poner el grito en el cielo y condenar la atrocidad contra convenios internacionales, cuya violación es injustificada e irreparable, reconociendo que el gobierno de Barak Obama rechaza el fallo, por atentar contra los sobados Derechos Humanos.
A estas alturas, todas son lamentaciones y pronunciamientos contra las cavernarias autoridades texanas. No hay institución relacionada que no condene y censure tal conducta. Sin embargo, si para dentro de una semana se fijara la fecha de la ejecución de otro mexicano, condenado a la pena capital, las cosas ocurrirían del mismo modo, grite quien grite y proteste quien proteste.
¿No existe forma de resolver jurídicamente este ataque reiterado y flagrante contra el Derecho Internacional al no respetar el debido procedimiento legal en casos tan graves? Los hechos duros, machacan que no.
En Davos, Suiza, al asistir al Foro Económico, el presidente Enrique Peña Nieto, remachó la enésima condena al asunto que dijo: “viola las obligaciones contenidas en instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; la Declaración americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York”.
Nada modificó la monstruosa decisión. Texas es un territorio salvaje y enemigo que no respeta ningún orden jurídico cuando no quiere, atrincherado en una falsa soberanía. El lema de ese estado norteamericano, antiguo territorio mexicano, Coahuila-Tejas, es paradójicamente el “Estado Amistoso”. Que se esperaría si no fuera ese el lema oficial con que !Oh¡ ironía, se anuncia.
Así, pues, mexicanos, insistan, sigan invirtiendo, viajando de “shopping” y comprando casas en San Antonio, Houston, Dallas, Brownsville. Solo hay que tener cuidado de no matar muchos policías gringos.
