Procurar que no se coarten los derechos políticos de los ciudadanos, como sería el de contender para un cargo de elección popular, es la regla de oro de un estado democrático. Su relevancia es tal que la Convención Americana de los Derechos Humanos les otorga un especial valor y reconocimiento.
Hoy en día, hemos escuchado diversas opiniones dirigidas a impulsar la transformación de este derecho; y otras más que lo limitan. Por ejemplo, se encuentra la de investigar antecedentes de los candidatos propuestos por los partidos políticos y de los que optarán por las candidaturas independientes en el Estado de Veracruz; estaríamos hablando de que se analizaran a 16 mil contendientes aproximadamente, lo cual en la práctica no sería viable y generaría mayores complicaciones como la utilización de una importante cantidad de recurso público para llevar a cabo esta labor, en vez de que sea destinado a la mejora de condiciones de la población.
En el caso de los candidatos independientes, se habla mucho de que sus campañas podrían ser vulnerables a un financiamiento con dinero ilícito. Sin embargo, parece que no se ha analizado a conciencia nuestro Código electoral y las leyes federales, mismas que prevén mecanismos de control, vigilancia y sanción para dicha eventualidad.
También se ha dicho que se debe negar el registro como candidato a la persona que haya estado en la cárcel, por no resultar “idóneo” para contender a un cargo de elección popular.
Al analizar esta vaga propuesta, en el supuesto de que procediera, el Estado estaría negándose a sí mismo y a sus actos, porque si bien dicha persona cometió un delito, se entiende que estuvo en un centro de readaptación social que regula el Estado, con la finalidad de reformar e integrar nuevamente a estos individuos a la sociedad… entonces al negarles su registro se estarían contradiciendo esos “fines prácticos” de integración social.
Además de poner en tela de juicio su capacidad para reivindicar a sus gobernados y violar sus derechos políticos electorales.
Quizás algo que coadyuvaría en esta situación es que los legisladores iniciaran una reforma en la que se pudiera solicitar información al Cisen (Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional) en relación a los expedientes personales de cada candidato y éstos se dieran a conocer a la población para que forme su propio criterio.
Y como he señalado en otras ocasiones, la ciudadanía siempre será la que tenga la última palabra y determinará si elige o no a tal candidato.
