Humberto A. Ramírez Saínz, Consejero Electoral
A partir del siete de octubre de este año, se dio inicio al proceso electoral 2014-2015, en el que el Instituto Nacional Electoral y las entidades federativas harán uso de sus atribuciones previstas en la Legipe para llevar a cabo las elecciones que renovarán la totalidad de 500 curules de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal.
Su división es notoria: el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la votación para los 500 cargos federales y los organismos públicos locales electorales (OPLEs) se encargarán de vigilar la elección de mil 659 cargos locales.
Por otra parte, ese mismo día, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las reglas de contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización de precampañas, así como de la obtención del apoyo ciudadano para los procesos electorales locales que inician precampañas en este año.
Dichos lineamientos serán aplicados de forma igualitaria a los precandidatos propuestos por los partidos políticos, y a los ciudadanos que se postulen para contender como candidatos independientes.
Esto significa que ha llegado el momento en que se demostrará la idoneidad y eficacia de la reforma constitucional en materia electoral y sus respectivas leyes secundarias; ya que como sabemos, son muchos los retos a enfrentar en esta plataforma aún desconocida, pero que también promete un desarrollo democrático armonioso.
Lo menciono porque durante todo este tiempo se han cuestionado los alcances de este cambio, como la renovación de los consejeros electorales de los estados, la transformación a los organismos públicos electorales y la regulación de las candidaturas independientes, dentro de un estado democrático que reclama el cumplimiento de la ley, en unión con los principios rectores de esta materia: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Y en consecuencia, se espere un aumento de participación ciudadana, una reducción de los “incidentes” durante las etapas del proceso - principalmente en la jornada electoral-, y la garantía del respeto a los derechos políticos electorales de votar y ser votado.
En este sentido, es preciso señalar que a pesar del escepticismo que existe en nuestra sociedad en relación con este tema, también se mantienen altas expectativas de lo que sucederá en los próximos meses…
Así que la sociedad es la que se convertirá en el principal juzgador de esta contienda, y tendrá la última palabra.
¿Preparados? Pues que comience el RETO.
