Para reforma eléctrica.
El Universal
Ciudad de México
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pidió que la reforma presidencial sobre la Ley de la Industria Eléctrica se lleve a parlamento abierto, y adelantaron que este proyecto abre el espacio para controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva de la Ley y demandas de arbitraje internacional.
En un comunicado, el PRD se pronuncia por el pleno respeto al Estado de Derecho y de los Acuerdos Internacionales. Sobre todo, que el Estado garantice el derecho de las y los mexicanos al acceso a las energías limpias a través de la ruta trazada de la transición energética y el cumplimiento del 35% de la generación de energía eléctrica para el 2024.
La fracción perredista, que encabeza Verónica Juárez, pidió que sean escuchados académicos, investigadores, trabajadores, instancias de la Administración Pública como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, y el Centro Nacional del Control de Energía; para conocer sus respectivas posturas y opiniones.
En opinión de la fracción perredista, la propuesta modifica el orden del despacho eléctrico y "esto va a implicar un mayor costo de generación del Sistema Eléctrico Nacional y el pago a productores externos por capacidad instalada que no va a usar la CFE".
En este sentido, advierten que la iniciativa abre el espacio para controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva de la Ley y demandas de arbitraje internacional.
En lugar de cambiar la Ley para modificar el papel del Estado en el impulso a las energías renovables, puntualizan, "se busca incrementar la participación de la CFE en la generación eléctrica sin reparar en el incremento de los costos de generación, ni el cumplimiento de nuestros compromisos en materia ambiental".
"Tan solo por el desplazamiento de las plantas privadas de ciclo combinado, el sobrecosto de la generación superaría los 10,000 millones de pesos al año", advierten.
Entre otras cosas, la iniciativa pretende desamparar que, "la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, como se tipifica en el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica vigente, -emanada de la Reforma Energética que entró en vigor en 2014-; y sólo preserva que, el Suministro Eléctrico es un servicio de interés público", alertan.
Asimismo, apuntan, la propuesta legislativa pretende priorizar el despacho de energía eléctrica de centrales con cargas constantes desplazando a las renovables (intermitentes) en segundo término, que cabe señalar, busca dar la vuelta al revés del Poder Judicial al "Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional" emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y ratificado en la publicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía.
"La propuesta legislativa preferente anticipa una escalada en las confrontaciones entre el Ejecutivo Federal y las empresas extranjeras que han invertido cuantiosos recursos en el sector eléctrico en litigios legales tanto en Tribunales Internacionales como con sus gobiernos, con el alegato de incertidumbre jurídica, por no respetarse el Estado de Derecho-; específicamente, las reglas establecidas en la Reforma de la Industria Eléctrica en 2013, así como las cláusulas del Tratado comercial del T-MEC", define el PRD.
En tanto, la perredista Mónica Almeida, aseguró que la reforma presidencial busca monopolizar el mercado en energías basadas en gas y combustóleo, dejando fuera a los generadores de energías limpias, situación que contraviene tratados como el T-MEC y la propia Constitución de México.
Razón por la cual, la también integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, acusa a López Obrador de querer realizar modificaciones que respalden e impulsen a la "nueva mafia del poder" liderada por él, ya que con esta propuesta desde Palacio Nacional en vez de mejorar la estructura energética del país y su mercado, se vulnera la soberanía energética poniendo en riesgo las finanzas nacionales.
"El Presidente busca darle vida a sus caprichos, los cuales reflejan sus intereses personales, tal vez haga falta recordarle sus propias palabras, aquellas donde decía que -Dentro de la Ley, todo, fuera de la Ley, nada- ya que sus acciones y propuestas van contra todo lo que dice", indicó.
La perredista puntualizó, que la Iniciativa de reforma para modificar la Ley de la Industria Eléctrica no cuenta con ningún impacto económico o proyecciones cuánticas que permitan observar que estos cambios tendrán un efecto positivo, "es decir una reducción en el pago de energía eléctrica o una rentabilidad financiera de la CFE positiva, y por el contrario en los términos propuestos, es evidente que costará más recursos seguir subsidiando a la paraestatal".
Recordó que se está proponiendo ir en contra de las disposiciones Constitucionales y los Tratados Internacionales, en lo específico el TMEC, tan es así que en meses anteriores el Congreso de Estados Unidos denunció, que en México existe un patrón de obstrucción hacia los negocios estadounidenses en materia energética, lo cual interfiere con el espíritu del tratado y amenaza las inversiones y el crecimiento energético de la región, ya que el tratado tiene un enfoque de libre mercado y una menor intervención del Estado, así como la protección de inversión de los tres países, privilegiando además el medio ambiente.
Falso que atente contra inversión
El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, defendió la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y dijo que será una prioridad para los legisladores de la 4T, además que adelantó que será aprobada en febrero.
Ignacio Mier dijo que quienes lo deseen, serán bienvenidos a la discusión de esta reforma, la cual será debatida abiertamente y de cara a la nación, porque está de por medio el rescate de una empresa tan importante para nuestro país como es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
"Lo que nosotros queremos no es atentar contra la inversión, simplemente intervenir en esta reforma (…) y lo vamos a hacer en apego a la ley. Es falso que en los transitorios estén atentados contra la inversión. Es simplemente ajustar esto a condiciones claras, equitativas, que redunden en beneficio de los consumidores y que no atente contra el patrimonio en condiciones injustas de competencia", refirió.
El líder de Morena en San Lázaro apuntó que dialogará con sus pares del partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Social para lograr que acompañen estas reformas y las asuman también como prioridad en sus agendas legislativas.
Manifestó que es necesaria esta iniciativa porque en la pasada reforma energética se establecieron condiciones desventajosas que atentan contra el mercado nacional.
Asimismo, comentó que esa reforma de 2013 fue hecha para exterminar a la CFE y privilegiar a los entes privados.
"Hay generadoras de energía del Estado mexicano, como son las hidroeléctricas o nucleoeléctricas que en la propia ley fueron consideradas como energías limpias, sin embargo, se establece que no son renovables, lo cual les impide tener certificados de energía limpia , mismos que deben ser pagados por ley por parte de la CFE; pero como las plantas están detenidas, entonces tiene que pagarles a particulares su obligación que tiene para poder bajar los niveles de contaminación, cuando no contaminan", explicó.
"Esto es un atentado no contra un gobierno, sino contra los mexicanos. Hubo una promesa de que esto iba a provocar entradas millonarias para la generación de empleos, reducir los costos por el consumo de energía eléctrica a particulares, industriales y riego y eso no sucedió en la práctica, no ha pasado absolutamente nada", agregó el coordinador parlamentario.
Indicó que estos entes privados, para poder establecer sus costos de producción solamente, toman en cuenta los costos fijos, no variables y entonces establecen un precio unitario mentiroso, fraudulento que atenta contra el patrimonio nacional. Y en cualquier otra parte del mundo sería calificado como dumping; un fraude a la ley.