Corrupción en puerto de Coatzacoalcos 

Corrupción en puerto de Coatzacoalcos 

 

 

 

 

 

Detecta Función Pública.  

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COATZACOALCOS

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó al menos cuatro observaciones a la Administración Portuaria Integral (API) de Coatzacoalcos por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con el primer informe de la dependencia federal, fueron practicadas tres auditorías por el órgano interno de control y aunque no se detalla lo encontrado, la finalidad era verificar riesgos posibles de ineficacia así como de corrupción. A pesar de lo anterior, la administración portuaria de Coatzacoalcos fue una de las que menor cantidad de observaciones tuvo en las auditorías practicadas a instituciones de su tipo; sin embargo, se desconoce si se llevó a cabo el proceso de solventación. Por su parte, API-Veracruz recibió nueve observaciones en cinco auditorías. Sin embargo, Tuxpan no tuvo ninguna en las dos revisiones. Otros puertos con cuatro observaciones fueron Lázaro Cárdenas, Puerto Madero mientras que Mazatlán y Tuxpan fueron los mejores evaluados, con cero observaciones La SFP únicamente citó algunas observaciones graves realizadas a otras administraciones portuarias. “En las auditorías correspondientes al cumplimiento de cesión parcial de derechos para la prestación de servicios portuarios, las Administraciones Portuarias Integrales (API) revisadas (Manzanillo, Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Dos Bocas) presentaron irregularidades en los procesos de contratación de cesión parcial de derechos de servicios portuarios y de suscripción de convenios de prórroga y en el cumplimiento de éstos, del 1 de enero del 2018 al 28 de febrero del 2019”, reza parte del informe. La dependencia agregó que en nueve de 13 contratos revisados no se acreditó la evidencia de la autorización de las adjudicaciones ante el Consejo de Administración, previo a la suscripción del contrato y en tres de 10 convenios existieron irregularidades para comprobar el dictamen de procedencia de prórroga. También detectó la falta de evidencias de pólizas, de sanciones por 3.2 millones de pesos por penas convencionales, de pagos recibidos para la actualización en convenios de prórroga por 48.6 millones de pesos. “Esta situación refleja que la operación de los servicios portuarios se encuentre en riesgo de legalidad y una posible discrecionalidad al asignar los contratos de cesión parcial de derechos y en la actualización de los convenios de prórroga”, concluyó.

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