Vacilada que presidente exigió destitución de Fiscal: Manuel Huerta.
Ximena Aguirre
Veracruz
El delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que la política social de México es inédita en el mundo por la cobertura que alcanza en la población de escasos recursos económicos que vive en zonas de alta y muy alta marginación y por el ejercicio de democracia participativa que engloban a esos programas. En el país son poco más de 20 millones los beneficiarios, añadió.
El presupuesto ejercido este año en programas de Bienestar y proyectos de inversión productiva a nivel nacional es de aproximadamente 500 mil millones de pesos, de lo cual a Veracruz se destina el 10% que equivale a unos 50 mil millones de pesos. Tan sólo en el programa “La Escuela es Nuestra” son 600 millones en el actual periodo lectivo y en “Sembrando Vida” otros 50 millones de pesos mensuales, es decir, 600 millones al año.
Sobre el tema de la seguridad en el estado, Huerta comentó que la política para la construcción de la paz que realiza a nivel estatal es de trabajo diario en 19 mesas regionales, las cuales han dado resultados que no siempre se dan a conocer públicamente, principalmente relativos en materia de prevención del delito, combate a la delincuencia y coordinaciones operativas.
Recordó que el éxito de las estrategias en la materia no depende de un solo hombre o mujer, sino que es producto del esfuerzo y la coordinación que plantean las distintas autoridades en las mesas de seguridad y la participación de la ciudadanía, y comentó que los Centros Integradores de Bienestar son los espacios de democracia participativa que, junto con los programas sociales, son herramientas fundamentales para la pacificación del país.
Finalmente, Manuel Huerta afirmó que “es una vacilada” la versión de que el presidente de la República hubiera ordenado la remoción del fiscal general Jorge Winckler Ortiz, y agregó que el titular del Ejecutivo “es respetuoso de las autonomías, la división de poderes, y los asuntos institucionales y constitucionales”.
Agregó que la decisión del Congreso local “ojalá sirva en resolver el déficit que había en materia de procuración e impartición de justicia”.