Podría enfrentar denuncias por delitos ambientales e incluso revocación.
JOSÉ JUAN GARCÍA/AVC
VERACRUZ
La empresa Veolia, concesionaria del basurero de la ciudad de Veracruz, cuenta con un plazo de cinco días para acatar las recomendaciones de remediación que emitió la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), pues, de lo contrario, podría enfrentar denuncias por delitos ambientales e incluso correr el riesgo de que se solicite la revocación del contrato al Congreso del Estado.
Al respecto, el procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, detalló que la concesionaria del basurero debe comprometerse a contar con geomembranas para el depósito de los residuos sólidos, lo mismo que lagunas para el tratamiento de los lixiviados, chimeneas de biogás, cubrir los millones de toneladas de desechos para evitar la dispersión de contaminantes al medio ambiente, entre otras.
El funcionario estatal refirió que la empresa Veolia no aceptó dos recomendaciones que se le remitieron con anterioridad, por lo que se procedería penalmente en su contra, incluso dando vista al Congreso local, en el caso de que no acate una tercera.
“Tiene que hacerse responsable del manejo de los residuos, es decir, que tengan celdas adecuadas o membranas, que existan lagunas para el tratamiento de lixiviados, que tengan chimeneas de biogás y que se recubra toda la basura para que no pueda ser transmitida al aire, de acuerdo a la Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en su primer apartado donde describe cómo se opera un relleno sanitario”, subrayó.
Sergio Rodríguez Cortés consideró que la concesión otorgada a la empresa Veolia para la disposición final de la basura que se genera en la ciudad de Veracruz resulta amañada, ya que el contrato del año 2007 solo la obliga a recibir y acomodar los residuos sólidos urbanos sin implementar medidas medioambientales.
En ese sentido, Rodríguez Cortés señaló que Veolia operó el basurero de la ciudad de Veracruz sin cumplir lo que establece la ley para la operación de un relleno sanitario durante 12 años, lo cual trajo como consecuencia que se provocara un daño al medio ambiente.
“Si ellos se sujetan al procedimiento en cinco días y dicen ‘estamos dispuestos a ajustarnos a las normas medioambientales, sí somos responsables de este daño que se ha causado’ y se firma el documento, pues lo ajustaremos de acuerdo a la inversión y a los proyectos que se van a elaborar, pero ya están ellos sujetos a la norma y a las medidas medioambientales que le estamos estableciendo”, finalizó.