Tras aprobación de extinción de fideicomisos.
AGENCIAS
CDMX
Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunciaron que se irán a paro nacional de labores hasta el próximo martes 24 de octubre.
A las afueras del Palacio de Justicia de San Lázaro, los empleados, entre administrativos, actuarios, proyectistas y otros, votaron a favor de esta medida luego de que ayer la Cámara de Diputados aprobó la reforma que obligará a la extinción de 13 de 14 de fideicomisos del PJF, que concentran unos 15 mil millones de pesos.
Fuentes sindicales confirmaron a La Jornada que el pleno del Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios secciónales sesionarán hoy por la tarde para analizar y resolver esta medida.
En las escalinatas de la sede judicial, los trabajadores indicaron que “estar en las calles ya no es lo adecuado” y colaborarán con sus sindicatos en la elaboración de las demandas colectivas que interpondrán por la aprobación de la eliminación de los 13 fideicomisos del sector.
Por tercer día consecutivo trabajadores del Poder Judicial de la Federación han protestado en diferentes sedes y este miércoles cerraron Bucareli y pretenden cerrar paseo de la Reforma. Lo mismo ocurre en la carretera Picacho-Ajusco.
Legisladores de la mayoría morenista, que impulsaron la iniciativa de reforma, alegaron que esos fondos, originados en recursos públicos, sirven para mantener privilegios de los altos funcionarios judiciales.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley Orgánica del PJF, que prohíbe la creación y operación de fideicomisos. Tras la discusión en lo particular en San Lázaro, esta madrugada se aprobó desaparecerlos.
Durante las manifestaciones, al menos 90 juzgados y tribunales dejaron de operar, entre ellos lo que se localizan en Avenida Revolución, en la colonia San Ángel, en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, así como en las instalaciones conocida como el Prisma, en la avenida Insurgentes 2065, también en San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. En esta ocasión no se afectó la circulación vial.
Ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) advirtió que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) pondrá en riesgo los compromisos de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), que en materia de justicia laboral exige órganos jurisdiccionales.
Señaló que esa medida también afectará la operación diaria de los 918 juzgados y tribunales del país, así como la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, además de salarios y prestaciones laborales de 50 mil servidores públicos.
Apuntó que el cambio legal dificultará la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y la aplicación de la reforma constitucional en materia procesal civil y familiar. Además, aseguró, pondrá en riesgo la creación de tribunales laborales. Apuntó que los fideicomisos no cubren gastos personales de ministros, magistrados y jueces, ni el mantenimiento de sus propiedades.
Los trabajadores del Poder Judicial: “Tenemos que ser más, nos van a quitar el sueldo”
Unos 500 empleados de la Administración de Justicia se manifiestan frente a su sede, a pocos metros de donde los diputados votarán si extinguen o no sus fideicomisos
La zona de San Lázaro, en Ciudad de México, ha sido este martes el punto de desunión de los tres poderes del Estado, aunque todos han estado presentes. El Poder Judicial, representado por 500 de sus trabajadores, que protestan contra la extinción de 13 fideicomisos que supondría un tijeretazo de 15.000 millones de pesos a su organismo. El Legislativo está a solo a media cuadra, en una Cámara de Diputados que votará “sí” o “no” para aplicar este recorte. Y el Ejecutivo se escucha en las voces de los manifestantes, que nombran en numerosas ocasiones al presidente, Andrés Manuel López Obrador, precursor de esta medida para acabar, según el mandatario, con los “privilegios” de la alta burocracia del Poder Judicial. Sin embargo, la mayoría de las personas que protestan —se han manifestado también en otros puntos de la ciudad— son empleados de la administración, y por un megáfono llaman a sus compañeros de todo el país a unirse a los paros: “Tenemos que ser más, nos van a quitar el sueldo”.
Todo el lío político afecta directamente a una persona que destaca, con su pants azul, sobre una multitud bastante uniformada. Raúl Gutiérrez Lira, de 60 años, viajó una hora y media desde su casa, en la colonia Benito Juárez, hasta la sede del Poder Judicial, para presentar un amparo contra un juez civil. No puede porque “dentro no había nadie”. Lo bueno es que el último día que tenía para presentar el recurso se aplaza hasta este miércoles, cuando volverá a hacer las tres horas de trayecto, ida y vuelta, hasta San Lázaro.
La situación de Gutiérrez es, a su vez, la principal reivindicación de los trabajadores de la justicia. Denuncian que el recorte en el presupuesto del Poder Judicial puede afectar a los sueldos de las personas que garantizan los derechos de los mexicanos. Megáfono en mano, la portavoz del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federativo se dirige a los manifestantes: “Si te discriminaron por ser indígena o si te negaron atención a un hospital público...”. La multitud respondió con un grito: “¡Amparo!”.
Los funcionarios tratan de que su mensaje contra la extinción de 13 de los 15 fideicomisos —instrumentos financieros donde entidades como el Poder Judicial guardan fondos— cale en la población para que les brinden su apoyo. De hecho, antes de que la secretaria de tribunal Elisabeth de la Torre hable sobre cómo perjudican a un sector que “trabaja mucho”, una compañera le dice que use un lenguaje común para que lo entienda toda la población. “No son privilegios. Nosotros trabajamos de siete de la mañana a nueve de la noche. Somos la última instancia que defiende los derechos que fueron violentados”, explica de la Torre.
Garime tampoco se considera una privilegiada. Esta oficial judicial de 28 años que no quiere dar su apellido expresa que ellos son “clase trabajadora”. Sentada en las escaleras que se dirigen hacia la enorme sede rojiza del Poder Judicial, responde a cada reivindicación que sale del megáfono para que el recorte de presupuesto “no quite prestaciones que por años ha ganado el sindicato”. Sin embargo, no han sido las asociaciones quienes han convocado las manifestaciones, sino que las protestas han sido promovidas por los propios empleados con bloqueos en calles de Ciudad de México y otras urbes del país.
López Obrador denunció que el Poder Judicial abusa del presupuesto y quiere retirarle una parte para destinarlo a programas sociales e infraestructura. La reforma contra los “privilegios” de los magistrados fue impulsada a principios de este mes por el morenista Ignacio Mier en la Cámara de Diputados, donde está pendiente de aprobación.
En frente del órgano legislativo donde se decide el futuro presupuestario del Poder Judicial, se esperaba con ansia un anuncio. La oficial de tribunal Estrella Mendoza, de 37 años, toma el megáfono y exclama a todos sus compañeros: “El día ha sido declarado como inhábil, pero no es para que nos vayamos a casa a descansar”. Los trabajadores no serán sancionados por faltar a su puesto este martes. Mendoza vuelve a hablar por el altavoz: “Si quieren nos vemos aquí mañana a las siete y nos organizamos”. En corto, expresa que no sabe si mañana entraran en el edificio para retomar sus tareas o si volverán a hacer un paro. “Nuestra voz es el propio sindicato. Vamos a ver que vamos a decidir los empleados”, sentencia mientras muchas personas ya se están yendo de las afueras de la sede del Poder Judicial.