EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina. Rubén Ortega Montes, analista en seguridad en México, las describe como "bodegas humanas", esos espacios en los que se elimina de manera parcial a quienes son perseguidos por la comisión de hechos delictuosos y muchos de los cuales pasan años antes de recibir una sentencia.
El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes. La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden llegar a no tener un colchón para dormir, o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad.
Saturación
De los 12 países analizados de 2016 a 2022, sólo Colombia, Costa Rica, Venezuela y el territorio de Puerto Rico presentan una tendencia a la baja en su población penitenciaria, es decir, la cantidad de reos en sus cárceles va a la baja, pero en Venezuela sólo se cuenta con datos de 2018 y 2020. Las cárceles de Puerto Rico son las únicas que no registran sobrepoblación; al contrario, la cantidad de presos ha disminuido desde 2016: de 11 mil 642 a 7 mil 252 en el periodo 2021-2022.
Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población. En México, 47.3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146.08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En Argentina, desde 2005, las cifras de presos han ido en constante crecimiento; para 2021 se habían incrementado un 132%: de 43 mil 689 reclusos en 2005 se pasó a 101 mil 267 en 2021, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). Sólo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27 mil, la sobrepoblación es de 118%.
En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles tienen 837 mil 443 presos. En 2019 había 755 mil 274 reos.
Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, porque de acuerdo con registros oficiales, en 2019 había 41 mil 977 personas recluidas; en 2020 esta cifra cayó a 3 mil 813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38 mil 718 recluidos; este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La capacidad carcelaria en el país pasó de 100.49% en 2016 a 115.9% en 2023.
En Colombia, la población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), era de 99 mil 371 hasta el 3 de mayo de 2023 en los 126 establecimientos carcelarios ligados a la institución. En realidad, sólo hay cupo para 81 mil 381 personas. La sobrepoblación es de 17 mil 990 personas, lo que representa un hacinamiento de 22.11%.
Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16 mil 265 en 2019; este año la cifra es menor (15 mil 141), con 10% de sobrepoblación. Sin embargo, hay cárceles, como son Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior a 40%.
En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016 tenía una población carcelaria de 36 mil 824 reos; en 2018 la cifra se disparó a 39 mil 642; para febrero de 2022 (último dato disponible) eran 39 mil 538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%; para diciembre de 2018 era de 69%.
En febrero de este año, el gobierno inauguró el llamado "Centro para el Confinamiento del Terrorismo" (Cecot), que el presidente Nayib Bukele anunció como "la cárcel más grande de Latinoamérica", con capacidad para 40 mil personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado habían sido trasladados ahí unos 5 mil presos, según datos del gobierno.
En términos de capacidad penitenciaria, de los 11 países y el territorio de Puerto Rico analizados por miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: su población supera 100% el total de su capacidad; sólo en el penal "El Callao", el hacinamiento llega a ser de 500%.
En República Dominicana, la población carcelaria se cifra actualmente en 25 mil 370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, "en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado".
En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32 mil 200, cuando la capacidad máxima es de 20 mil 438. "Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud", determinó el Observatorio.
En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de "La Victoria", considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2 mil personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7 mil 608.
"El centro posee la cantidad más elevada de personas con trastornos siquiátricos a nivel nacional [un aproximado de 60 personas]". Se ubican en un espacio llamado "Los Malogrados". La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.
Sentenciados y los que esperan
Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es Venezuela, donde de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022.
En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda 60%. En Colombia y Brasil supera 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85%. En República Dominicana suma 90%.
Motines y extorsiones
Aunque no al nivel de los motines vistos en prisiones en Ecuador o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí. México destaca en el rubro: según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a mil 45 privados de la libertad.
Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2 mil 499 incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.
Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel "La Modelo", considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de Covid-19. El motín dejó 24 muertos —23 con arma de fuego— y 107 heridos. Situaciones similares se repitieron en Argentina.
En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (más de 150) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles han denunciado que se trata de muertos a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos.
A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México a Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas encontró que desde siete prisiones se planifican y controlan "más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares".
Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región.
Los "jefes de jefes"
El tema de extorsiones y motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos "jefes de jefes".
En México son los cárteles los que están al frente. Principalmente el de "Sinaloa" y "Jalisco Nueva Generación", seguidos por el "Cártel del Golfo", el del "Noreste", el de los "Beltrán Leyva" y "Los Zetas". Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países, como Ecuador, con predominio de "Jalisco Nueva Generación" y "Sinaloa". En Chile un grupo dominante es el "Tren de Aragua".
El "Tren de Aragua", la organización criminal más poderosa de Venezuela controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.
En El Salvador, son las pandillas las que se conoce tienen control en muchas de las prisiones.
Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las cárceles es Brasil. Las facciones más activas son el "PCC" y el "Comando Vermelho".
¿Y la respuesta de las autoridades?
El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México, según datos del Gobierno de la Ciudad de México, del equivalente a 900 dólares mensuales. En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era equivalente a mil 12 dólares al cambio actual. Una cifra similar a la de Uruguay (unos mil 24 dólares mensuales).
En general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas de miras. En su gran mayoría, el enfoque se limitar a reducir sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.
Existen, al mismo tiempo, programas con distintos grados de desarrollo para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.
Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves —en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico— y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.
En República Dominicana hay programas enfocados en la salud mental, otros llamados "de medio libre" buscan alternativas a la reclusión; también hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos o laborales. Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos que incentiven a los presos a cambiar de vida una vez en libertad.
"La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior" de las cárceles, sumado "al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad", las convierten en centros "donde los fines de reinserción social sólo son utópicos", advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México en enero de 2023. La descripción aplica a nivel regional.