Grupo México seguirá en negociaciones para buscar una solución apegada a derecho.
AGENCIAS
CDMX
Luego de que el personal de la Secretaría de la Marina tomara las instalaciones de Ferrosur, el pasado viernes 19 de mayo, Grupo México Transportes informó que seguirá en negociaciones con el Gobierno federal, en busca de una solución apegada a derecho y con viabilidad para ambas partes.
A través de un comunicado, la compañía detalló que continúa en diálogo con autoridades federales sobre la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas.
La empresa aseguró que de no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado en México.
Asimismo, recordó que a principios del 2022 firmó un acuerdo con las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
"Tras la firma de dicho acuerdo, Grupo México Transportes inició de inmediato las obras de construcción de esa segunda vía y efectuó gastos por varios cientos de millones de pesos.
"El costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año. Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el Gobierno meses después", aseguró.
La compañía apuntó que desde entonces se ha mantenido en busca de un nuevo acuerdo con las dependencias federales y que las negociaciones siguen en curso para lograr atender las preocupaciones del Gobierno, sin que la empresa falte a sus obligaciones fiduciarias con sus accionistas ni afecte a sus clientes y empleados.
"Actualmente la negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones.
"A lo largo de este proceso se ha expuesto, entre otros aspectos, que la empresa ferroviaria del Estado ya tenía derecho de paso sobre el tramo en cuestión", aseguró.
No obstante, explicó que la insistencia del Gobierno en que la Secretaría de Marina disponga de la concesión implica que esa dependencia sea responsable del cuidado y la operación de la vía y de los patios; así como que garantice en todo momento las condiciones indispensables de máxima seguridad requeridas para el movimiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, entre otros productos.
La compañía de Germán Larrea reiteró que estando en curso este proceso de negociación, resultó sorpresiva e inusitada la acción militar que ejecutó personal de la Marina el pasado viernes, a pesar de que la firma sigue dialogando para buscar una solución en el marco del Estado de Derecho y con viabilidad para las partes.
Incluso, aseguró en la misiva, en la mañana del día 19, cuando se sorprendió a la empresa con la publicación del decreto de ocupación en el Diario Oficial y con la entrada de personal armado a los patios ferroviarios, estaban agendadas reuniones de trabajo entre las partes para avanzar en la negociación.
"Grupo México Transportes continúa analizando los alcances y efectos del decreto de ocupación, a fin de determinar las acciones que deba emprender.
"Al mismo tiempo, y a pesar de la ocupación de sus instalaciones, la empresa seguirá acudiendo de buena fe a la negociación en busca de un buen acuerdo para ambas partes y mantendrá el servicio de calidad a sus clientes mientras el Gobierno federal le permita operar sus trenes y mantener la vía y toda la infraestructura ferroviaria en condiciones óptimas de seguridad y tráfico", sostuvo en la misiva.
Pone 4T en riesgo inversión, alerta IP
La toma de las vías de Ferrosur por parte del Gobierno es negativa y pone en riesgo la inversión, dijo ayer el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo expresó, en un pronunciamiento, su preocupación por el decreto del viernes que declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado y que pasaron a favor de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
"Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento de grandes oportunidades", señaló.
Con el argumento de que es asunto de seguridad nacional y de supuestas afectaciones económicas y operativas por el pago de derechos de paso a Ferrosur, el Gobierno decretó la incautación. Además, busca acelerar obras del Corredor Interoceánico, que son impulsadas por el Gobierno de López Obrador.
El CCE, que preside Francisco Cervantes, sostuvo que han manifestado su plena disposición para dialogar con el Gobierno y construir las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional.
"Incluso, ha sido enfático nuestro interés por participar en el proyecto de impulso al sur del país que tanto se necesita", afirmó.
"Mantener el diálogo y la certeza jurídica entre empresarios y Gobierno es condición necesaria para mantener un buen ritmo de inversión, empleo y crecimiento en beneficio de todos", agregó.
Senadores de Oposición apremiaron al Gobierno a que aclare cuánto tiempo durará la "ocupación temporal" -como la llamó el Gobierno- de los tramos ferroviarios.
"Lo primero que se tiene que determinar es la temporalidad, por cuánto tiempo.
De lo contrario, aunque tenga otro nombre en el decreto, es en los hechos una expropiación", dijo Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI.
"Llegar con la Marina, entrar a medianoche y tomar posesión de unas vías, pues eso aquí y en China es una expropiación", señaló la panista Xóchitl Gálvez.