La consejería jurídica, a cargo de María Estela Ríos, solicitó el aplazamiento del debate.
AGENCIAS
CDMX
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este lunes, como estaba agendado, el proyecto que invalida la primera parte del llamado Plan B de reformas electorales.
Lo anterior, luego de rechazar hoy, en sesión privada, una petición del Ejecutivo Federal que buscaba el aplazamiento del asunto.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos, pidió este miércoles a la Suprema Corte dar atención prioritaria a la resolución de acciones de inconstitucionalidad promovidas en 2018 contra la entonces recién expedida Ley General de Comunicación Social (LGCS), mismas que siguen pendientes de sentencia.
Sin embargo la Corte acordó, por unanimidad, dar el tramite correspondiente a esta solicitud de atención prioritaria, pero sin modificar la lista de asuntos para discusión del lunes 8 de mayo.
"El Pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma", explicó la Corte en un comunicado.
Agregó que las acciones presentadas en 2018 aun no cuentan con proyectos de sentencia.
La Ley General de Comunicación Social fue reformada en diciembre pasado como parte del Plan B electoral, en un decreto que también incluyó cambios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Corte discutirá el lunes un proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán que invalida dicho decreto por vicios de procedimiento en el Congreso.
El Ejecutivo consideró que las acciones pendientes desde 2018 debían ser resueltas primero "por seguridad jurídica", ya que esas demandas pueden llevar a la invalidez total de la Ley de Comunicación Social. Pero la Corte ha tramitado con celeridad las demandas contra el Plan B, porque los asuntos en materia electoral siempre tienen prioridad para ser resueltos.
La reforma del Plan B en Comunicación Social es materia electoral porque se incluyó una nueva definición sobre propaganda gubernamental, que ahora permite a los funcionarios opinar libremente sobre cualquier tema político sin ser sancionados, y porque contiene varias reglas sobre campañas de comunicación social en periodos electorales.
Amparo pendiente
El 8 de septiembre de 2021, la Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la organización Artículo 19 contra la versión original de la Ley General de Comunicación Social por atentar contra la libertad de expresión, al no contener criterios claros y objetivos sobre ejercicio de gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios.
Para cumplir el amparo, el Congreso tenía que subsanar las omisiones detectadas por la Corte, o incluso a derogar la Ley de Comunicación Social y aprobar una nueva, pues la reforma de 2014 al Artículo 134 de la Constitución lo obliga a reglamentar esta materia.
Luego de varios requerimientos judiciales, el Congreso informó en enero pasado al juzgado que tramitó el amparo que ya cumplió la sentencia de la Corte, con la reforma de diciembre a la legislación en cuestión que fue incluida en el Plan B.
La organización Artículo 19 denunció ante el juzgado que el Congreso incurrió en repetición del acto reclamado, porque en realidad no hizo las correcciones que ordenó la Corte.
El juzgado está en proceso de analizar si efectivamente el Congreso desacató el amparo, por lo que el litigio sigue abierto.
Además del amparo de Artículo 19, la Ley General de Comunicación Social fue impugnada directamente ante la Corte mediante acciones promovidas por la CNDH, 51 senadores y el partido Movimiento Ciudadano.
El Pleno de la Corte no ha dictado sentencia en estas demandas, aparentemente porque está pendiente el cumplimiento del amparo otorgado por la Primera Sala. Se trata de una situación inusual, derivada de que la LGCS fue impugnada tanto mediante amparo como en acciones de inconstitucionalidad.
Si se aprueba este lunes el proyecto para invalidar la reforma del Plan B, solo se anularan las partes de la LGCS que fueron modificadas en dicho decreto, pero no toda la ley.
La segunda parte del Plan B, que contiene las reformas centrales en materia electoral y fue publicada en marzo, será discutida hasta que el Ministro Javier Láynez presente el proyecto respectivo.