SCJN ordenó frenar intervención en la tesorería de San Andrés
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS
XALAPA
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Rafael Fararoni Magaña informó que la Secretaría de Fiscalización mantiene la intervención de la tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.
Esto a pesar de que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió y dio trámite a la acción de inconstitucionalidad 248/2022, por la que la alcaldesa María Elena Solana Calzada controvertió la decisión del Congreso de Veracruz de intervenir la tesorería municipal.
La mayoría de Morena en Veracruz determinaron enviar a un auditor para revisar el manejo financiero del municipio al que se le asignaron 627 millones de pesos, como parte de su presupuesto 2023.
La controversia busca que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad del acuerdo de la comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del 19 de octubre del 2022, por el que ordenó efectuar una revisión y análisis financiero y técnico del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento, correspondiente al periodo 2022 y que incluye los documentos contables, administrativos.
La acción también combate el acuerdo tomado por el Pleno del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 10 de noviembre del año en curso, por el que se autoriza intervenir la Tesorería del H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, hasta por 24 meses.
La decisión de la corte fue suspender todo acto, en tanto se revisa de fondo la controversia a la que se le dio entrada el primero de diciembre del año 2022.
AUDITORÍA PERSISTE: DIPUTADO
Al respecto, el diputado local, presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Rafael Fararoni Magaña explicó que de acuerdo a la notificación que le hicieron los ministros de la Corte, se suspende cualquier acción legal de parte del interventor de la Secretaría de Fiscalización Superior (Orfis).
“La Corte se limita a responder que derivado del acuerdo se suspendieran cualquier acción que el interventor pueda tomar, derivado de la intervención, no menciona que el interventor se debe retirar”, dijo.
Por lo anterior, aseguró el auditor sigue en el municipio en la revisión del manejo financiero que podría llevar a que el Ayuntamiento no tenga una sola observación en la cuenta pública del año 2023.
Recordó que la acción se implementó desde el pasado mes de noviembre, y se espera que en días subsecuentes el interventor presente un primer reporte trimestral sobre el avance de la revisión al gasto del municipio.
Cuestionado por el riesgo de caer en desacato, ante la orden de la Corte, el diputado dijo que el tema es de interpretación, pues en ningún momento se dijo que la intervención era inconstitucional.
Por lo que en este momento solo se suspende la posibilidad de que, derivado de la revisión financiera, se puedan interponer denuncias o se inicien procesos judiciales contra los funcionarios de San Andrés.
EL ORIGEN DE LA INTERVENCIÓN
El diputado comentó que por denuncias ciudadanas conocieron que el subdirector de obras públicas de la pasada administración (2018-2022) repitió en la administración de María Elena Solana Calzada y detectaron que estaba usando recursos públicos del gobierno de Morena para poder solventar observaciones de obras y acciones que se realizaron en el gobierno de Octavio Pérez Garay.
Cuando detectaron la irregularidad se ordenó una auditoría, sin embargo, en el municipio no se proporcionaron datos o información, “no hubo la disposición del Ayuntamiento de mostrar las aclaraciones que se le pedían. La auditoría estuvo 15 días y no se logró nada”.
Fue entonces que se ordenó la intervención de la tesorería, dijo, y la acción fue respaldada por la mayoría de los diputados de oposición, aunque algunos observaron que la medida era irregular, no obstante, Fararoni Magaña aseguró que la revisión se está haciendo de manera coordinada.
Cuando se votó el acuerdo, partidos de oposición alertaron de que la medida podría ser solo por revanchismo político y no por irregularidades en el manejo de los recursos públicos.