Fueron implicados en asesinato del líder de Coparmex en SLP.
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XALAPA
A más de un mes del asesinato de Julio César Galindo Pérez, presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, la defensa de los cuatro veracruzanos detenidos por ser los presuntos asesinos denuncia el cúmulo de irregularidades en el proceso, entre ellos abuso de la autoridad y tortura.
Los presuntos implicados Rudy N., Abel N., Ramiro N. y Nicolás N., fueron detenidos arbitrariamente en Ciudad Valles, el mismo día del homicidio de Galindo Pérez y desde entonces fueron incomunicados y torturados, según señala Fidel Ordoñez, abogado parte de la defensa de los cuatro detenidos.
Desde su detención pasaron 51 horas para que se girara la orden de aprehensión, tiempo en el que se violaron sus derechos procesales y garantías individuales. Incluso, los abogados defensores aseguran que la declaración de culpabilidad de Ramiro N. fue a la fuerza, además de que fue obligado a inculpar a los otros detenidos.
Ordoñez también destaca cómo la detención se hizo por el “parecido” entre el vehículo en que viajaban los detenidos y el que fue visto en la escena del homicidio. No obstante, como revela el abogado, el Ministerio Público ha falseado las pruebas, pues los coches son de diferentes colores: era negro el que buscaban y el automóvil de los hoy detenidos es beige.
Al respecto, el abogado también comenta que el Ministerio Público decidió no exhibir la tarjeta de circulación de la camioneta de los detenidos en donde consta que el color del automóvil es beige y no negro, como insistió el MP al mostrar vídeos en blanco y negro. Esta no es la única irregularidad en el caso.
Ordoñez también menciona que dicho proceso ha sido llevado en dos carpetas diferentes, en ninguna de las cuales se exhiben pruebas contundentes contra los detenidos como testimonios o pruebas dactilares que los incriminen.
Ordoñez apunta que es grave la violación de derechos cometidos contra los detenidos, por lo que la defensa ha interpuesto un recurso de amparo exhibiendo las irregularidades en el proceso.
Asimismo, se presentará en próximos días una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque “realmente se violaron y está clara la violación de derechos humanos en contra de nuestros paisanos”.
Mientras el amparo y las autoridades surten efecto, los cuatro presuntos implicados permanecen retenidos ilegalmente en el Centro de Reinserción Social, La Pila en San Luis Potosí.