Yhadira Paredes
Xalapa
Diversos proyectos de reforma que se analizan en el Congreso de la Unión generan preocupación a la Iglesia católica, como es el caso de la legalización del uso lúdico de la marihuana, informó en el comunicado de este domingo el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, quien coincidió con los obispos mexicanos en el sentido de que sólo se promueve el deterioro físico, mental y espiritual de las personas.
En el documento emitido este domingo criticaron el voto a favor de la legalización de la marihuana, pues recordó lo dicho por los obispos de México en el sentido de que una cosa es el uso terapéutico de esta droga y otra su uso lúdico.
“Se han escuchado algunos discursos encantadores justificando que la legalización disminuirá la violencia; se dice incluso que el gobierno debe asumir el control de esta droga y no la delincuencia. Se argumenta también que es incluso un derecho fundamental para el libre desarrollo de la personalidad”.
Sin embargo, aseguró, este tipo de estrategias no resuelven los problemas de fondo de nuestro país, ya que la legalización de la marihuana no garantiza que bajará la violencia legalizar el uso lúdico de esta droga atenta contra la ética pública, pues supone la degradación de valores, se permite lo que daña la salud de la población y va contra el bien común y la justicia.
Con la legalización de esta droga se empuja, dijo, al país a un enorme problema, del cual no se dice cómo se saldrá y sí se alenta para que la gente se drogue y altere su conciencia, se vuelva adicta, pierda la brújula, la paz, la salud y el sentido de su existencia; no contribuye en nada a mejorar la sociedad.
Además destacó que otro grave asunto es el proyecto de reforma del Artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público donde se busca imponer a las iglesias una ley mordaza, para que eviten exponer con libertad sus principios doctrinales, con lo que se pasa por encima del derecho humano a la libertad de creencia.
“Y qué decir del gran peligro que representa la Ley General de Población, aprobada además por todos los partidos de oposición, en un acto de traición a la población, el 3 de diciembre de 2020; y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
Dichas leyes abrirían las puertas al aborto libre, a la perdida de la patria potestad, a la imposición de la ideología de género en las escuelas y a la legalización de las bodas gay; se condenaría además a los médicos objetores de conciencia y empezaría una persecución contra quienes no quieran adaptarse “al pensamiento único”; peligrarían todas las instituciones, organizaciones y grupos que supuestamente ejerzan la “violencia simbólica”.