
Para reclamar indemnización que no recibieron.
REDACCIÓN
POZA RICA
Elementos de la extinta Policía Intermunicipal para los municipios de Poza Rica-Tihuatlán y Coatzintla llevaron a cabo pruebas periciales, que habrán de turnarse a la Fiscalía General del Estado (FGE) con el fin de robustecer la demanda que por falsificación de firmas interpusieron ante las autoridades estatales, motivo por el cual habrían sido víctimas de fraude, respecto del pago de sus indemnizaciones, luego de varios años de trabajar para la corporación.
Adder Oscar Juárez Téllez, vocero de los expolicíass, explicó que las pruebas periciales habrían de ser llevadas a cabo por parte de Ofelia Téllez Vallerojo, perito regional de la Fiscalía General del Estado, cuyos resultados de los análisis se canalizarían a la Fiscalía Anticorrupción, que ha llevado su caso para esclarecer el destino de sus recursos económicos, que habrían de ser la indemnización de sus años de trabajo, pero que finalmente no recibieron.
Los extrabajadores que se desempeñaron sobre todo como policías operativos, y otros tantos como administrativos, todos de los municipios de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, se concentraron sobre el bulevar Ruiz Cortines, en donde tuvieron que esperar a algunos compañeros provenientes de Reynosa y Monterrey, hasta donde se han trasladado en la búsqueda de obtener ingresos para su manutención
Agregó que este fraude superaría la cantidad de nueve millones de pesos, que corresponden a la indemnización de más de 400 trabajadores que fueron despojados de sus espacios laborales mediante la coacción, a fin de que renunciaran, sin que se les otorgara el correspondiente pago por sus años de servicio.
“Tenemos la certeza jurídica que el fallo sí saldrá a favor”, expresó el entrevistado, quien indicó a través de estas pruebas periciales se podrá acelerar el proceso de reclamo por el que se encuentran atravesando, que ha sido sinuoso, y que a dos años de haber interpuesto la demanda no ha sido resuelto aún por parte de las autoridades.
Por ello piden el respaldo del Gobierno Federal, de la fiscal del Estado Verónica Hernández Giadáns, además del secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, para que puedan atender su petición; en relación a estos dos últimos funcionarios, indicó que han solicitado audiencia, sin que se les brinde una respuesta, y solicitaron a la comunidad que no los criminalicen por hacer estos reclamos, pese a que a la fecha se contabilizan un total de 18 compañeros fallecidos, sin ver que llegue la justicia en sus casos.