AVC NOTICIAS
XALAPA
Cuando Regina Martínez, reportera del semanario mexicano Proceso, fue encontrada muerta en 2012 en el baño de su casa, el entorno de esta periodista de investigación de 48 años reveló que indagaba una delicada historia de corrupción. Una presunta mina informativa cuya metralla apuntaba, entre otros, al exgobernador de Veracruz Fidel Herrera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tres años después del asesinato, Herrera se esfumó del tablero político. Pese a carecer de bagaje diplomático, Enrique Peña Nieto nombró al mandatario cónsul de México en Barcelona, una de las plazas con más peso. Y ya fuera de foco, Herrera enfiló en la ciudad condal una de sus etapas vitales más herméticas y desconocidas. Una odisea que se desarrolló entre 2015 y 2017.
Desde su aterrizaje en España, Herrera fue monitorizado por la DEA y los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña. El motivo: su presunta conexión con el narco, según The Cartel Project, una investigación de Forbidden Stories, donde ha participado El País con más de 25 medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o OCCRP.
La fase de acumulación de pruebas arrancó después de que los Mossos d’Esquadra recibieran informes confidenciales que conectaban al político con los cárteles de la droga. Los investigadores quisieron entonces zambullirse en la vida del nuevo cónsul. Un mandatario que figuró en 2013 en la lista Forbes de los 10 políticos más corruptos de México. Y que, ese mismo año, también fue señalado en un juicio en Texas (EE. UU.) por el contable del cartel de los Golfos, José Carlos Hinojosa, por recibir supuestamente 12 millones de dólares del narco para la campaña que le catapultó al Gobierno del Estado de Veracruz, uno de los más violentos y endeudados.
Nota completa:
https://bit.ly/36OS6mH