VERÓNICA HUERTA/AVC
XALAPA
El Poder Judicial de Veracruz que preside la magistrada Sofía Martínez Huerta debe explicar qué ocurrió con el Fondo Auxiliar que asciende a 60 millones de pesos, porque aun cuando la magistrada Concepción Flores Saviaga denunció hace unos meses de un presunto acto de corrupción, ninguna autoridad ha transparentado el uso, señalaron integrantes de los Colegio de Abogados y Juristas de Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Medellín.
En conferencia de prensa los abogados Ricardo Morales Carrasco y Valentín Olmos Alfonso señalaron que el Fondo Auxiliar del Poder Judicial se volvió “un fantasma”, porque aun cuando la presidenta Martínez Huerta refiere que está justificado el gasto, no ha mostrado pruebas.
“Con los 60 millones todo mundo dice que están justificados, pero nadie dice qué pasó con esos recursos, nadie ha exhibido nada en estos momentos, lo más lógico es que hagan uso de la transparencia” expusó Morales Carrasco.
Recordaron que Flores Saviaga es una magistrada que ha denunciado los actos de corrupción al interior del Poder Judicial de Veracruz, y los Colegios de Abogados exigen que se hagan investigaciones del manejo interno de los recursos públicos.
“Estamos en la misma postura de ella, que se realicen las investigaciones, que se acrediten que los recursos se aplicaron debidamente y si no, que se procese a las personas en todo caso, que son responsables de ese desvío de recursos”, dijo.
Los abogados informaron que las autoridades involucradas en presuntos actos de corrupción, comenzaron a contratar personal de su confianza, para que los protejan en la posteridad.
“Hemos sido bastante proactivos en estar denunciando e inclusive activar todos los medios de defensa que sean procedentes para reclamar cualquier acto de corrupción que haya hacia el seno del Poder Judicial del estado” señalaron.
Los abogados informaron que de acuerdo con la reforma federal del sistema de justicia, en febrero del 2021 todas las acciones, autos, sentencias, y acuerdos de los Poderes Judiciales de los estados se deberán a hacer públicos.
Citaron como ejemplo de la falta de transparencia para ejercer los recursos por parte de la magistrada presidenta: la adquisición del protocolo para cumplir con las normas de sanidad en esta época de pandemia del coronavirus, de la cual no estuvieron enterados el resto de los consejeros del Poder Judicial.
“Hay un problema interno con los consejeros del Poder Judicial y la presidenta, toda vez que ella argumenta que dentro de una asamblea ordinaria se llevó a cabo la firma de los consejeros para hacer la compra de cumplir el protocolo de sanitización, cosa que ellos no avalan. Imagínense ese problema que va a repercutir para la impartición de justicia, estamos preocupados porque no hay armonización, ni acuerdos en el Poder Judicial” finalizaron los abogados.