YHADIRA PAREDES
XALAPA
Por haber ignorado el aviso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que tres de los magistrados que habían sido separados de su encargo habían promovido un juicio de amparo ante esta decisión, tanto los diputados locales como la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz podrían ser sujetos de sanciones.
Así lo consideró el presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso, quien comentó que ante la omisión de un informe de la corte, se podrían enfrentar a procesos de inhabilitación, multa económica o destitución del cargo.
Además manifestó la preocupación de los abogados litigantes por la falta de certeza jurídica, cuando entre quienes son los encargados de aplicar la ley se están peleando.
Hay que recordar que surgió una controversia que se generó en el Poder Judicial por el nombramiento desde el Congreso de los nuevos magistrados para los lugares vacantes, entre ellos tres, en los cuales había un juicio de amparo de por medio, dijo que desde la presidente magistrada Sofía Martínez hubo un desacato.
“Hay un desacato que le está ordenando el juez federal para que los magistrados que obtuvieron el amparo deberán respetar su espacio y lugar, no respeto, hay un desacato, un incumplimiento, al estar violentando la constitución se hace acreedora a una sanción, tanto ella como los diputados”.
El abogado dijo que hay responsabilidad de parte del Congreso, porque el juez federal le informó del juicio de amparo y tendrá que respetarlo.
Consideró que no es válido el argumento de Martínez Huerta en el sentido de que ella solo cumplió órdenes del Congreso, cuando ella sabía lo que el federal estaba ordenando.
“Pero entre los diputados locales y la presidenta del Poder Judicial tendrán una responsabilidad, que va desde la inhabilitación por 10 años hasta una sanción económica, así como la destitución inmediata del cargo. La situación es muy grave en el estado, es triste y lamentable, ya que más por preocuparse por los intereses de la sociedad, se preocupan por estar colocando a su gente”.
Valentín Olmos recordó que a los tres magistrados que promovieron un amparo, Gladys Pérez, Roberto Donantes y Marco Antonio Lezama Moo, a quienes se les violentaron sus derechos consagrados en el Artículo 59 de la constitución local, que establece que podrán estar 10 años o pedir una prórroga de 5 años más.
Finalmente, destacó el caso de Nuevo León, pues después de 20 requerimientos ordenando a la autoridad responsable, a los diputados y al presidente del tribunal, no hicieron caso, ahora la SCJN resolverá y les fincarán responsabilidad, y ahora están pidiendo la remoción de los diputados.