Piden recusación de la jueza
Juan David Castilla Arcos
Xalapa
Se suspendió por segunda vez la audiencia para la revisión de medidas cautelares del exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras.
De acuerdo con Arturo Nicolás Baltazar, abogado del imputado, la jueza de control Mónica Segovia Jácome tomó nuevamente una actitud a favor del Ministerio Público, toda vez que pretendía ingresar datos de prueba que eran “falsos” y ya habían sido desechados.
“Al inicio de la audiencia, la fiscalía en contubernio con las asesoras jurídicas pretendían agregar datos de prueba que ya fueron analizados por la jueza anterior (Alma Aleida Sosa Jiménez) y la jueza anterior los desechó, se referían ellos a la supuesta declaración de una víctima indirecta y este dato de prueba ya había sido analizado, se lo dijimos a la jueza (Mónica Segovia) y la jueza resolvió que para ella tendría que agregarse este dato de prueba a pesar de que contundentemente había sido desechado”.
El entrevistado mencionó que se había recusado a la jueza de Control y ella había presentado una excusa ante el Poder Judicial del Estado para ya no llevar el caso; sin embargo, ésta le fue negada.
“Acabamos de recusarla pidiéndole que tenga la dignidad que debe tener un juez y se abstenga de conocer definitivamente de este asunto, no podíamos permitir que se llevara a cabo la audiencia porque desde el inicio permitió a la gente del Ministerio Público ingresar datos de prueba que no tendrían que llevarse a debate, para evitar una lesión grave a los intereses de mi representado presentamos la recusación correspondiente”.
Cabe recordar que Bravo Contreras fue vinculado a proceso en junio pasado por el delito de desaparición forzada de personas en la modalidad de ayudar a eludir la justicia y entorpecer las investigaciones.
La jueza había determinado que la audiencia se llevaría a cabo a puerta cerrada, pese a una hora de debate donde la defensa solicitó que fuera pública.
Sin embargo, Bravo Contreras denunció a Segovia Jácome por negar el derecho a audiencia para la revisión de las medidas cautelares que debió llevarse a cabo desde el pasado 28 de diciembre
“Tenemos presentada ya una denuncia por la parcialidad con la que está actuando y nuevamente incurre en actos ilegales. Tenemos una resolución de un amparo concedida a Luis Ángel Bravo Contreras, que establece que la prisión preventiva oficiosa que se le impuso durante cerca de seis meses es ilegal e inconstitucional”, añadió el abogado de Bravo Contreras.
Se deberá resolver la recusación en el Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado para convocar a una nueva audiencia. Mientras tanto, Bravo Contreras permanecerá en el penal de Pacho Viejo.
“Sigue privado de su libertad (su defendido) pero preferimos esperar a que tengamos jueces de verdad que respeten la justicia y la legalidad”, culminó Nicolás Baltazar.